El Gobierno español anunció este martes la creación de una Fiscalía especial en el Tribunal Supremo que estará destinada a proteger los derechos de las víctimas de la represión del régimen de Francisco Franco, a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones al amparo de los preceptos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España.
Este es uno de los puntos que aborda el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado ayer por el Ejecutivo que encabeza el socialista Pedro Sánchez. De este modo se amplía la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, se espera recuperar unos 25.000 cadáveres todavía en fosas comunes y se prohíbe en España la exaltación del régimen.
La nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos se dedicará a investigar los hechos producidos en la Guerra Civil (1936-1939) y el gobierno de Francisco Franco (1939-1975) en base al derecho y los tratados internacionales.
«No hay más garantía para investigar esas violaciones de los derechos humanos que estar en los tratados internacionales a los que España está obligada», expresó en conferencia de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, principal impulsora de la ley.
El anteproyecto de la norma, que ahora pasará por el examen jurídico del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, prevé transformar el Valle de los Caídos, el mausoleo donde permanecieron enterrados los restos de Franco desde su muerte en 1975 hasta que fueron exhumados hace casi un año, en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos de la guerra que reposan en la cripta.
SIN MONJES
Para resignificar el Valle se retirará a los monjes benedictinos la custodia de la basílica que ostentaban hasta ahora, aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que preside el recinto.
La ley, que ahora comienza su tramitación, prohibirá también aquellas fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», algo que ya ocurre en otros países europeos.
La socialista Calvo explicó que el nuevo texto plantea también suprimir todos los títulos nobiliarios relacionados políticamente con la dictadura, como el ducado de Franco.
Asimismo, se retirarán las condecoraciones a personas relacionadas con el régimen franquista y que recibieron esas menciones por su actividad en contra de la democracia.
Además se creará un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación, aunque antes será necesario preparar un censo oficial de víctimas ya que, aunque hay estimaciones históricas, no existen datos fiables al respecto.
En este ámbito se enmarca también la creación de la Fiscalía, que el gobierno español define como «potente» y no cree que choque con la Ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo hasta ahora para juzgar estos hechos.
