La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+, conocida como ‘ley trans», fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros en España.
Tras meses de bloqueo y debate interno el Gobierno de Pedro Sánchez logró que se aprobara este anteproyecto que en esencia introduce la autodeterminación de género y la posibilidad de que una persona trans pueda cambiar de sexo y nombre en el DNI mediante la expresión de su voluntad.
La medida más relevante es que cualquier persona podrá autodeterminar su género a los 14 años sin necesidad de informes médicos o psicológicos.
Sin embargo, la nueva legislación recoge otros muchos cambios relacionados con la maternidad y la filiación, con la inclusión del colectivo LGTBIQ+ en el ámbito educativo y laboral y con el reconocimiento de otras identidades.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en la rueda de prensa que: «Hacemos historia con una ley que da un paso de gigante en los derechos de las personas trans y LGTBI». Montero calificó la norma como una muestra de la fortaleza del Gobierno.
Esta iniciativa de «ley trans» nace como uno de los acuerdos de la coalición y que además ha elevado en gran medida la tensión entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que esta ley «invisibiliza a las mujeres mientras genera inseguridad jurídica y desprotección a los menores».
«Pedro Sánchez (el jefe del Gobierno español) vuelve a demostrar que depende de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa», sostuvo Gamarra, quien añadió que por ello el partido presentará enmiendas contra la ley durante la tramitación parlamentaria.
Entre las principales novedades, igualmente, quedan prohibidas todas aquellas terapias de conversión para «modificar la orientación e identidad sexual o la expresión de género de las personas». El texto prevé sanciones de hasta 150.000 euros.
