La reciente denuncia por supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a la farmacéutica Suizo Argentina, funcionarios del gobierno nacional y Karina y Javier Milei, ha puesto nuevamente el foco en la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad. En diálogo con FM Vos 94.5, la abogada especialista en temas de Estado, Cynthia Castro, subrayó que el fiscal estaba obligado a iniciar una investigación de oficio desde que los audios salieron a la luz del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sin necesidad de esperar una denuncia formal.
Cynthia Castro es abogada graduada de la Universidad Blas Pascal de Córdoba Capital, Argentina. Especializada en Pericias Judiciales, Comercio Internacional, Auditorias y Contabilidad, otorgados por la Universidad Blas Pascal. Máster en Psicopatologías y Neurociencias, Triple Máster en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Cooperación Internacional y Máster en Derecho Penal Internacional. Escritora del libro CORRUPCIÓN, sello BEST SELLER de AMAZON al segundo día de haber sido publicado
«Es importante que se avance. Fíjese que en el gobierno en el que se denunció la obra pública pasaron 18 años para una condena. Se estuvo que esperar a que el funcionario saliera del gobierno para que realmente comience el avance de esa causa. Es crucial que este caso y el de Libra se esclarezcan durante la actual gestión, ya que la sociedad merece explicaciones claras sobre el accionar de sus funcionarios», dijo Castro al principio de la nota.
La investigación en curso y los audios como prueba clave
La causa está en etapa de instrucción, con los teléfonos de los implicados secuestrados para su análisis. Sobre este punto crucial la opinión de la especialista fue categórica. «Lo interesante de esto es que en la apertura de esas pruebas pasa a análisis de la Dirección General de Apoyo Tecnológico que depende de la esfera del Ministerio Público Fiscal, cuando debería recaer el análisis en Gendarmería. Esta decisión, que saca la pericia de la órbita de Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad, es vista como una medida para evitar la contaminación de la prueba», observó.
«La prueba principal, que son los audios, será contrastada con los teléfonos y con los expedientes de compras. Se busca determinar si existieron sobreprecios, un hilo conductor clave para la investigación. Es llamativo que una empresa haya pasado de tener contrataciones de 3 mil millones a 108 mil millones bajo la gestión actual, sin ningún tipo de control y en medio de un supuesto conflicto presupuestario en la Agencia Nacional de Discapacidad», planteó Castro.
Más adelante, la experta llamó la atención sobre la similitud de este caso con la jurisprudencia de la causa de Cristina Fernández de Kirchner: «A ella se la acusa casi por un delito de tiro por elevación, que no podía dejar de conocer qué es lo que sucedía en su propio gobierno. En el caso actual, la insistencia del presidente en deslindar a su hermana, a quien los audios señalan, hace que la autenticidad de la grabación sea esencial para la causa. Hasta el momento, el señor Spagnuolo no ha salido a negar la autenticidad de dichos audios. Eso nos lleva a pensar que son verdaderos «, remarcó.
Posibles delitos y la inacción de los funcionarios
En otro tramo de la entrevista, la abogada señaló que, si se comprueba la veracidad de los audios, los implicados podrían enfrentar graves acusaciones. «Además del delito de cohecho (coima), se podría configurar una asociación ilícita, ya que los audios sugieren una estructura de coima con el fin de defraudar al Estado. Asimismo, a los empresarios se les podría adjudicar el delito de pago de sobornos e incluso lavado de activos», detalló.
«Si los funcionarios conocían la situación y no la denunciaron, estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo estipula la Ley de Ética Pública. Ahora, salieron nuevos audios donde, supuestamente, Diego Spagnuolo le menciona a la señora Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) que esto estaba sucediendo», reveló la doctora Castro.
«A mi entender, podría existir realmente una asociación ilícita que en un año y medio se organizó de tal forma que se estructuró para defraudar al Estado más allá del discurso. Es importante que la Justicia actúe rápidamente. No podemos esperar otros 18 años más para que se esclarezca el caso», concluyó.
