Espionaje, ley y ejemplos

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal analiza presentarse como querellante en la causa por supuesto espionaje ilegal por parte de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le informara que su nombre está entre los presuntos espiados.
De ser así, Vidal seguiría el camino del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la vicepresidenta, Cristina Fernández, quienes ya solicitaron ser tenidos como querellantes luego de que se les exhibieran materiales que darían cuenta del espionaje.
El magistrado investiga si, en la anterior administración nacional, desde el Estado se hicieron tareas de espionaje sobre distintas figuras públicas, encabezadas por Cristina Fernández y varios referentes del PRO, periodistas y dirigentes gremiales, entre otros.
Es de esperar que la Justicia avance en esta investigación por espionaje ilegal, una práctica que debe ser rechazada por toda la sociedad. Resultan injustificables estas maniobras que no reconocen a la ley como un ordenador social y un límite para el poder.
La ley nacional 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En caso de comprobarse la existencia de los hechos denunciados, la norma deberá ser aplicada con toda su potencia para evitar situaciones de impunidad, ya que es fundamental que desde las instituciones se ejemplifique la lucha contra la corrupción y el delito organizado, más aún cuando estos se cometen dentro de la estructura del Estado. Ejerza quien ejerza el gobierno.