La geografía física de Mendoza suele tener métodos implacables para desmentir las ficciones teóricas de la política. Mientras en los escritorios del poder central se diseñan nomenclaturas absurdas que pretenden reconfigurar el clima del interior profundo y encuadrar a nuestra región bajo la categoría de «zona templada», el termómetro real del sur mendocino dicta su propio veredicto. La ola polar, las heladas y los registros que ubican a San Rafael en los podios nacionales del frío no son variables discutibles en una comisión parlamentaria. Son una realidad material que define, de manera directa, la supervivencia y la dignidad de miles de familias en cada uno de nuestros distritos.
En este escenario de desprotección climática y económica, la mirada debe dirigirse de forma inevitable hacia el Congreso de la Nación. Es allí donde el Régimen de Zona Fría, un andamiaje legal y solidario que protege el acceso al gas en regiones con inviernos hostiles, se encuentra bajo la amenaza de un desmantelamiento impulsado por la lógica del ajuste fiscal que impulsa el mileísmo y sus socios.
Lo verdaderamente alarmante de esta encrucijada no es la vocación centralista de un Ejecutivo nacional que gobierna a espaldas del mapa real; lo preocupante es el rol esquivo, timorato y por momentos cómplice de algunos legisladores nacionales por Mendoza. De aquellos hombres y mujeres que, periódicamente, recorren las calles de los departamentos sureños prometiendo la defensa irrestricta de los intereses locales para luego licuar sus compromisos en la disciplina de los acuerdos de cúpulas.
Resulta inadmisible que quienes ostentan una banca en nombre de los mendocinos asistan en silencio al intento de demolición de una conquista netamente federal. La Zona Fría no es un subsidio estatal que compite con las partidas de la salud o la educación; es un fondo fiduciario que se autofinancia con el aporte de los propios usuarios de gas de todo el país. Quitarlo no alivia el déficit del Tesoro; simplemente expone a los ciudadanos del interior a tarifas confiscatorias en el momento de mayor vulnerabilidad estacional.
Que los diputados y senadores que dicen representarnos titubeen a la hora de levantar la mano, o ensayen piruetas discursivas para justificar el despojo en nombre de una supuesta modernización económica, constituye una claudicación representativa de honda gravedad institucional.
La representación política no es un cheque en blanco para el usufructo de los despachos con calefacción central; es un mandato de arraigo y de resguardo para con la comunidad que delegó su confianza en las urnas. Mientras el vecino común de San Rafael debe hacer malabares frente a la asfixia del cada vez menor poder adquisitivo y el encarecimiento de los recursos básicos para calefaccionarse, la pasividad de la dirigencia parlamentaria ensancha una grieta moral alarmante. Ojalá la contundencia de este invierno sirva para que los legisladores nacionales por Mendoza recuerden a qué tierra se deben. La historia local suele ser muy rigurosa con aquellos que, por intereses personales o partidarios, olvidan el frío que sufren sus propios comprovincianos.
