Estados Unidos: ¿por qué el estado de California suspendió todas las condenas a muerte?

El Estado de California suspendió la pena de muerte, aunque no la ha llevado a cabo desde 2006 en virtud de varias batallas legales y reabrió el debate de cara a la campaña presidencial de 2020.

La decisión fue tomada a partir de un decreto del nuevo gobernador demócrata, Gavin Newsom, a pesar de que los californianos habían confirmado en 2012 y en 2016 que están a favor de la pena capital, si bien con una estrecha mayoría.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien muchas veces auspició la medida también para los narcotraficantes, montó en cólera. “Desafiando a los electores, el gobernador de California suspendió las ejecuciones de 737 asesinos despiadados. Los amigos y familiares de las víctimas siempre olvidadas no están contentos y tampoco yo!”, escribió Trump en Twitter, dejando entrever que el tema podría convertirse en materia de batalla electoral en un país todavía muy dividido sobre esta cuestión.

Newson, desde hace años en primera fila contra la pena capital, le respondió con determinación.  “No creo que una sociedad civilizada pueda afirmar que es líder en el mundo mientras su gobierno continúe autorizando la ejecución premeditada y discriminatoria de su gente”, afirmó el gobernador.

Recordó, además, las discriminaciones contra “imputados con enfermedades mentales, negros, o aquellos que no pueden solventar los elevados costos legales”. “En síntesis, la pena de muerte no es coherente con nuestros valores fundamentales y afecta directamente aquello que significa ser californiano”, agregó.

Según Newsom, la ejecución no solo es inmoral y discriminatoria sino también ineficaz, costosa y muchas veces infundada. En el mismo sentido se expresó la senadora -y exfiscal- californiana Kamala Harris, la primera de los candidatos presidenciales demócratas en apoyar a Newsom.

California gastó 5.000 millones de dólares desde 1978, año en que fue restablecida la pena capital, aplicada por otra parte sólo a 13 detenidos. En tanto, varias personas fueron condenadas injustamente y en algunos casos ejecutadas.

El último fue Vicente Figueroa Benavides, un agricultor acusado de haber asesinado a una joven pero liberado en abril de 2018 por un testimonio que resultó falso, tras 25 años en espera de la ejecución.

Con su decreto, Newsom suspende hasta el fin de su mandato, en 2023, la ejecución para los 737 detenidos que esperan en el más extenso corredor de la muerte de occidente; cierra la “cámara de la muerte” en la prisión de San Quintín y revoca el protocolo para la inyección letal.

La medida lleva a 21 los Estados del país que congelaron o abolieron la pena capital pero con toda la fuerza motriz de California, líder en el país en todas las principales batallas progresistas.