Posibles estafas piramidales: por qué la investigación pasó a la Justicia Federal

Días atrás, el Juzgado Colegiado Primero de San Rafael decidió declarar la incompetencia de la Justicia provincial a la hora de juzgar las denuncias presentadas contra empresas como Intense Live, Qubit Life o Ganancias Deportivas.
En sus considerandos, el tribunal explicó que “los hechos a investigar se encuadran en las figuras típicas del Capítulo IV del Título VI del Código Penal, ya que se está en presencia de todos los elementos objetivos y subjetivos señalados por la doctrina y jurisprudencia para la configuración de los delitos de defraudación, a saber: ardid o engaño, perjuicio patrimonial y relación de causalidad entre el ardid y el perjuicio, y además de ello se subsumen claramente en la figura típica prevista y penada por el artículo 310 del Código Penal, calificándolos como ‘estafa y captación ilegal de ahorro público en concurso ideal’ (art. 172 y 310 en función del art. 54 del C.P.)”.
En ese sentido, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la investigación de los delitos previstos en el artículo 310 del Código Penal es de competencia exclusiva del fuero de excepción de la Justicia federal y que recientemente el Fiscal Federal del departamento de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, se abocó a la investigación de hechos cometidos mediante la utilización de una de estas plataformas, concretamente “Intense Live”, ante la denuncia de otro organismo del Ministerio Público Fiscal, como es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Por tanto –se sostiene en el resolutorio– “si bien la primera de las figuras típicas es de investigación de competencia de la justicia ordinaria, al mediar un concurso ideal con una figura típica cuya investigación corresponde al fuero de excepción, ambos delitos deben ser investigados por este último fuero (‘Cuando existe un concurso ideal entre un delito común y otro de índole federal, es a este fuero al que corresponde continuar con la investigación’, dictamen de la Procuración General al que la Corte remite en autos ‘Poder Judicial de la Provincia de Tucumán s/Competencia’ del 27 de mayo del 2015, entre otros muchos precedentes en el mismo sentido)”.
El Juzgado Colegiado local advierte que “las diversas plataformas web utilizadas para la captación de ahorros son de origen extranjero, que las mismas al ser on line operan simultáneamente en todas las provincias del país e incluso en otros países, por lo que investigación por una autoridad judicial con competencia nacional se encuentra en mejores condiciones para llevar adelante una actuación uniforme, pudiendo de esta manera obtenerse mejores resultados, unificando incluso la misma en un solo lugar, y evitando posibles investigaciones superpuestas o paralelas e incluso eventuales pronunciamientos contradictorios en distintos procesos”.
En atención a ello, y compartiendo lo dictaminado por el fiscal jefe de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, el Juzgado decisor estimó que “corresponde declarar la incompetencia material de la Segunda Fiscalía de Instrucción de la Unidad Fiscal Departamental de San Rafael, Mendoza, debiendo remitirse las actuaciones para la intervención del Juzgado Federal y del Sr. Agente del Ministerio Público Fiscal Federal, con asiento en esta ciudad de San Rafael a sus efectos; dejando planteado el conflicto negativo de competencia por ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación para el caso que no se comparta el criterio y argumentos aquí expuestos – Art. 61, 68 y conc. del C.P.P.”. En consecuencia, también ordenó remitir lo actuado hasta ahora por la Justicia provincial al Juzgado Federal de San Rafael a los fines de su intervención y demás que corresponda.