La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sumó su voz a la controversia que se desató al interior del oficialismo al considerar que en el país «hay presos políticos» aunque intentó bajarle el tono a la polémica al destacar como rasgo positivo la «pluralidad» de opiniones y la «apertura de pensamiento» en el Frente de Todos.
«Es una discusión, pero en general la mayoría piensa que todos son presos políticos. Está claro en el caso de Milagro Sala porque al señor Gobernador (de Jujuy, Gerardo Morales) se le ocurrió meterla presa», subrayó.
En diálogo con Radio 10, Carlotto recordó la reunión que referentes de organismos de Derechos Humanos mantuvieron en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, en la que éste les pidió que no dijeran que en su Gobierno habían presos políticos.
«Él dijo que los presos políticos ya fueron puestos en libertad, y que Quedan los que fueron detenidos arbitrarios. Yo pienso que Alberto no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el Poder Judicial, porque a estas personas se les está realizando un juicio», interpretó.
o obstante, la titular de Abuelas dejó en claro que su postura coincide con la que expresa el ala kirchnerista del Frente de Todos, acerca de la existencia de presos políticos.
«Hay muchas voces más sabias que hablan de que sí son presos políticos y que no hay diferencias, como (Amado) Boudou y Milagro Sala, que son todos víctimas tremendas», manifestó.
Sin embargo, Carlotto relativizó la controversia al sostener que la divergencia de opiniones sobre la temática «muestra una pluralidad» en el oficialismo.
«Se puede disentir. Eso es la democracia. Hay apertura de pensamiento, comprensión, no hay ofensas. Se está haciendo lo que se puede y hay prioridades como el hambre que se está tratando de paliar», justificó.
En otro orden, ratificó que Abuelas junto con otros organismos presentarán un proyecto para penalizar el negacionismo sobre el terrorismo de Estado, y anticipó que pedirán una audiencia con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, para poner el tema sobre la mesa.
«Presentamos un proyecto para que se estudie el tema del negacionismo con la pena correspondiente de la ley. El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene está cometiendo un delito y tiene que ser penado», remarcó.
Aclaró que «la libertad de expresión tiene que existir» para cualquier ciudadano, pero explicó que si la expresión negacionista «la hace un representante del Congreso» tiene que tener un «efecto penal».
Para Carlotto, la reforma propuesta no debería «interpretarse como una negación del derecho a expresarse» sino como «un delito de ocultamiento» sobre delitos «gravísimos como el terrorismo de Estado».
«Acá no hubo guerra sino terrorismo de estado y los desaparecidos son ese número (30.000) e incluso más. Que alguien tiene poder político o representativo del pueblo y diga que eso es mentira o nos trate de mentirosas y locas… eso no se puede sostener en democracia de ninguna manera», enfatizó.
Aclaró que «un ciudadano cualquiera puede escribir un artículo y si se lo publican, es su idea, no va a ir preso por eso».
«Sabemos que acá hay presos políticos y no queremos que también hayan presos por expresarse en ese sentido», indicó, pese a lo cual insistió en que un funcionario público, en particular un parlamentario, no puede difundir teorías negacionistas sin consecuencias penales.
