El oficialismo pasó del entusiasmo por la aprobación de la Ley 27.802 a un escenario de tensión tras los fallos judiciales que frenaron su aplicación. En la Casa Rosada admiten que esperaban una judicialización, pero no una reacción tan contundente de algunos jueces laborales. Mientras tanto, ya preparan la apelación contra la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que dio lugar al planteo de la CGT.
En el ámbito empresarial surgieron críticas a la estrategia legal del Gobierno, considerada por algunos como improvisada frente a la magnitud del conflicto. Además, dentro del oficialismo existe desconfianza hacia el fuero laboral, al que señalan por su tendencia a fallar en favor de los trabajadores y por supuestos vínculos con sectores sindicales y políticos.
En paralelo, nuevos fallos complicaron el panorama. Otro juzgado suspendió la aplicación del artículo que declaraba a la educación como servicio esencial, lo que refuerza la percepción de que el camino judicial será largo e incierto.
La apuesta al fuero administrativo y el per saltum
Frente a este escenario, el Gobierno analiza redirigir las causas hacia el fuero contencioso administrativo, donde considera que podría obtener resoluciones más favorables. Esta estrategia apunta a quitar protagonismo a la Justicia laboral en la definición del conflicto.
Además, la Procuración del Tesoro evalúa solicitar un per saltum para llevar el caso directamente a la Corte Suprema y evitar instancias intermedias. Esta vía permitiría acelerar una definición sobre la validez de la ley.
Aun así, el futuro de la reforma laboral aparece envuelto en incertidumbre. La multiplicación de presentaciones judiciales anticipa un escenario de alta litigiosidad, en contraste con el objetivo original de reducir conflictos legales en el ámbito del trabajo.
