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jueves 21, de octubre , 2021

Excarcelación para los vinculados con el “vacunatorio” ilegal

En el marco de la causa en que se investiga el funcionamiento de un “vacunatorio” ilegal en nuestro departamento (donde se colocarían vacunas contra la Covid-19 que originalmente estaban destinadas a pacientes de geriátricos locales), el fiscal actuante, Javier Giaroli, resolvió otorgarle la excarcelación a los aprehendidos que tenía el caso desde el domingo último.
Así, el médico Rubén López y los dueños de los geriátricos vinculados, Hugo Oscar Ochoa y Teresa Mabel Chaine, obtuvieron ese beneficio después de que su abogado defensor presentara una caución (fianza) por 300.000 pesos.
En tanto, el enfermero que fue detenido en el lugar de la irregular vacunación, Silvio Reynals, también recuperó su libertad, pero en este caso lo hizo bajo una caución juratoria puesto que su capacidad patrimonial es prácticamente nula.
Asimismo, Giaroli impuso a los imputados –que seguirán vinculados a la causa durante el desarrollo de la investigación– la prohibición de contacto y comunicación entre ellos, incluso por interpósita persona, bajo apercibimiento de ordenarse su detención.
Por el momento los hechos referidos han sido calificados como “Peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, previsto y penado por los artículos 261, 205 y 55 del Código Penal, atribuido a Hugo Oscar Ochoa en calidad de autor material; participación necesaria en los delitos de “Peculado e infracción a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia en concurso real”, previsto y penado por los artículos 261, 205 y 55 del Código Penal, atribuido a Rubén López, Teresa Mabel Chaine y María de los Ángeles Ochoa; y “Tentativa de ejercicio ilegal de la medicina”, previsto y penado por los artículos 208 y 42 del Código Penal, atribuido a Silvio Damián Reynals en calidad de autor material.
Además de la responsabilidad penal de los imputados, las autoridades judiciales y administrativas buscan también saber si efectivamente los pacientes de los geriátricos fueron vacunados y si hay más casos similares en otros establecimientos similares.

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