Fallo clave: la Justicia ordena al PAMI garantizar la entrega de medicamentos gratuitos
La batalla judicial por los derechos de la clase pasiva ha sumado un capítulo determinante en Mendoza con alcance nacional. Tras el recorte del programa «Vivir Mejor» a finales de 2024, una serie de recursos de amparo y denuncias penales por incumplimiento forzaron al PAMI a establecer un nuevo acuerdo de reparación integral. La abogada laboralista y previsional Marisa Uceda, una de las impulsoras de la medida, explicó en diálogo con FM Vos 94.5 el alcance de esta resolución que beneficia directamente a los haberes mínimos y simplifica el acceso a la cobertura total de fármacos.
La restitución de los medicamentos no fue una concesión espontánea del organismo, sino el resultado de una estrategia judicial que se originó en los tribunales federales de Mendoza y terminó replicándose en todo el país. «Llega un pequeño alivio después de un camino iniciado en diciembre de 2024 contra la resolución que eliminaba los medicamentos gratuitos. Se logró una medida cautelar que el PAMI no cumplió, lo que nos llevó a iniciar una denuncia penal por incumplimiento de orden judicial. Para evitar una condena, el director nacional del PAMI propuso un acuerdo de reparación integral. Si bien no logra la universalidad que tenía el programa original, mejora sustancialmente la situación de los jubilados de la mínima, cambiando los criterios de valoración económica que antes eran una trampa», explicó Uceda al inicio del reportaje.
Nuevos criterios: quiénes acceden hoy
Uno de los mayores logros de la negociación judicial fue destrabar el acceso para aquellos jubilados que, aun teniendo ingresos bajos, quedaban excluidos por tecnicismos administrativos, permitiendo que el beneficio alcance a una franja más amplia de la población. La modificación más significativa radica en el fin del tope por doble beneficio, una barrera que históricamente perjudicaba a los sectores más vulnerables.
«Antes, si una persona tenía una jubilación mínima y una pensión por cónyuge o conviviente fallecido, superaba el límite económico y no podía acceder. Ahora logramos que solo se tome el haber previsional individual para el cálculo. Esto garantiza que el 60% de los jubilados de nuestro país, que son quienes reciben la mínima, hoy puedan ingresar al subsidio de medicamentos gratuitos», indicó la abogada.
Asimismo, la implementación de un cruce de datos inteligente elimina la carga burocrática sobre el afiliado. «Otra burla que logramos revertir fue la necesidad de que los jubilados hicieran presentaciones para acreditar su situación; ahora el cruce lo hace el PAMI internamente. Los requisitos son claros: no poseer una prepaga, ni embarcaciones, aeronaves o un vehículo de menos de 10 años de antigüedad», precisó la especialista. «Con estas verificaciones automáticas por parte del organismo, el acceso se vuelve más ágil y directo, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente cumplen con los requisitos de necesidad social», amplió.
Medicamentos: de cuatro a seis unidades con criterio médico
El acuerdo no solo facilita el ingreso al sistema, sino que amplía el vademécum y descentraliza la toma de decisiones, permitiendo que las necesidades de salud primen sobre las planillas presupuestarias de Buenos Aires. «Se restituye la entrega de cuatro medicamentos al 100% gratuitos. Pero, además, incorporamos activos que antes no estaban, referidos a diabetes y enfermedades psiquiátricas. Existe la posibilidad de un quinto y sexto medicamento si estos superan el 15% del haber del afiliado o por razones médicas justificadas», destacó la letrada.
«Lo más importante es que esto antes se resolvía en Buenos Aires con criterios económicos; ahora, la necesidad de esos medicamentos extra se resuelve en Mendoza y con criterios exclusivamente médicos. Esto permitirá que muchas personas que habían quedado fuera por razones de presupuesto ahora reciban su tratamiento», remarcó.
Una causa federal con alcance nacional
Aunque el acuerdo de reparación integral ya está vigente, la acción civil de fondo continúa su curso en los juzgados, buscando blindar el derecho a la salud de los adultos mayores. «La acción civil aún continúa porque nuestra intención es que se restituya la gratuidad a toda la franja mínima y media. Es un expediente complejo porque, aunque inició en Mendoza, hoy hay al menos seis provincias y doce asociaciones litigando en nuestra misma causa», estimó Uceda.
«El amparo tiene que resolverse y el motivo originario es la restitución al universo total de afiliados. Por ahora, estamos conformes con este avance, pero entendemos que es solo una parte de la reparación que nuestros jubilados merecen», concluyó la abogada.