Dos párrafos y un llamado de atención recurrente. Así se pueden resumir las 548 fojas que forman parte de la pericia contable realizada en el marco de la investigación contra el juez Federal Walter Bento, imputado y procesado por estar sospechado de liderar una banda que se dedicaba al cobro de coimas a cambio de favores comerciales.
Más allá de la extensión del informe, lo que deja en claro el perito Walter René Chiquiar, miembro del cuerpo especializado en delitos de corrupción y contra la administración pública, es que no pudo contar con la información necesaria para hacer aseveraciones sobre la situación financiera y patrimonial del magistrado. El motivo, según el contador, es que ni el imputado ni su defensa otorgaron la documentación completa para poder hacer un análisis concluyente. En estos casos, desde el punto de vista judicial, es tomado como una falta de colaboración por parte del imputado.
Como consecuencia del cobro de sobornos, según la investigación, tanto Bento como su esposa, Marta Boiza, también fueron imputados por enriquecimiento ilícito. A la estructura familiar se suman dos de sus hijos, Nahuel y Luciano, acusados por lavado de activos; es decir: fueron parte del mecanismo para “blanquear” el dinero proveniente de los otros ilícitos e introducirlo al mercado formal a través de diferentes maniobras, tales como compra de inmuebles, vehículos e inversiones en fideicomisos.
“Se deja constancia que la estimación de las aplicaciones de fondos y consumos en el presente estudio está limitada, debido a no poder aseverar a la fecha de la emisión del presente informe, la integridad de los bienes que conforman el patrimonio…”, reza el informe y menciona a todos los integrantes de la familia Bento-Boiza.
Además, describe inconsistencias surgidas del cotejo de declaraciones juradas que fueron presentadas al Consejo de la Magistratura.
Otra de las observaciones que aparece en la pericia tiene que ver con el pago de los pasajes al extranjero de los miembros de la familia. Si bien es algo que ya se había filtrado durante la investigación, se confirma que los tickets aéreos fueron pagados con tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos, a pesar de que el juez ha negado tener cuentas fuera del país.
Conocer la titularidad de esas tarjetas American Express y Visa depende del informe que fue requerido a Estados Unidos tanto por la fiscalía que conduce Dante Vega como el juez federal Eduardo Puigdéngolas. Cualquiera fuera el resultado, todo indica que determinar de dónde salieron los fondos para la compra de los pasajes es una pregunta a la que Bento no está en condiciones de responder.
Qué pasa en el Consejo de la Magistratura
Si bien hace unos días se conoció la grieta que existe en el Consejo de la Magistratura para saber quién tendrá a cargo las investigaciones contra los jueces federales que tienen sumarios abiertos, existe un consenso para que dos casos en particular pasen de la Comisión de Disciplina que comanda María Inés Pilatti Vergara (FdT) a la de Acusación, a cargo de Pablo Tonelli (JxC). Una es la del juez Federico Villena (que últimamente tuvo exposición mediática por estar a cargo de la investigación del avión venezolano-iraní); la otra es la de Walter Bento.
Según fuentes del organismo que evalúa la conducta de los magistrados federales, en esos dos casos no hay diferencias de criterio.
Fuente: El Sol
