Femicidios: no es semántica, es la historia
La sola consideración por parte del Gobierno Nacional de eliminar la figura penal del femicidio no es un mero ajuste legal. Es un intento de desmantelar el andamiaje jurídico construido para enfrentar la violencia más atroz y sistemática de nuestra sociedad. Este debate toca el núcleo de la justicia y la dignidad.
El femicidio es una figura esencial. Su introducción en el Código Penal argentino no fue un capricho ideológico. Fue una respuesta obligada a los tratados internacionales de derechos humanos. Su existencia asegura que el Estado cumpla con su deber de proteger a las mujeres y castigar de forma agravada el asesinato motivado por el odio, la misoginia y el ejercicio del poder.
En nuestra provincia y en San Rafael, los casos de violencia de género -con muchas muertes incluidas- son una herida abierta. Los nombres de las víctimas son un recordatorio constante de que la lucha contra la impunidad es diaria.
Eliminar esta tipificación es un acto de regresión jurídica. Se diluiría el crimen en la categoría general de homicidio. Se borraría la especificidad del móvil de género, que es la raíz misma del delito. Esto tendría consecuencias directas en los juicios. Las fiscalías se verían obligadas a probar agravantes genéricos. Se oscurecería la conexión histórica y social entre la desigualdad y la muerte.
La ley debe ser espejo de la realidad. El problema en Argentina no es que haya una palabra de más en el Código Penal. El problema es que el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres sigue siendo una epidemia. La herramienta legal del femicidio visibiliza la tragedia. Permite al Estado asignar recursos específicos para la prevención y la capacitación de las fuerzas de seguridad.
Si el Gobierno avanza con esta idea, estará enviando un mensaje peligroso a la sociedad. Un mensaje que minimiza la violencia machista. Un mensaje que deshonra la lucha de miles de mujeres que exigieron que sus muertes fueran nombradas.
La justicia y la memoria no pueden ser víctimas de las modas políticas. Debe respetarse la especificidad de un delito que es la máxima expresión de la desigualdad. El femicidio debe ser nombrado y castigado con la máxima severidad para que la sociedad no se acostumbre a esta forma de terror.