La diputada nacional Fernanda Miño cuestionó la interrupción de las políticas de integración de los barrios populares y respaldó un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de más de 140 legisladores y plantea recuperar recursos para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, Miño recordó el proceso que llevó a la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y a la sanción de la Ley 27.453. La legisladora, que nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro, sostuvo que el desarrollo de estas políticas involucró a organizaciones sociales, Techo, Cáritas y distintos sectores políticos.
“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Entre las herramientas implementadas mencionó los certificados de vivienda, destinados a acreditar la residencia de las familias que viven en barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Miño planteó que la discusión no debe concentrarse únicamente en la construcción de nuevas viviendas, sino también en la infraestructura de los barrios que ya existen. “Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
La situación de los barrios populares
Según Miño, existen más de 6.400 barrios populares en el país y una parte de sus habitantes todavía enfrenta dificultades para acceder a servicios e infraestructura básica.
“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó situaciones vinculadas con inundaciones y problemas derivados de instalaciones eléctricas deficientes. “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”, señaló.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la llegada de servicios a los barrios existentes. En ese marco, destacó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según su relato, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
El reclamo por los recursos
Uno de los puntos centrales del planteo de Miño es la existencia de recursos que, según afirmó, habían sido destinados al financiamiento de obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La legisladora sostuvo que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. “Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, afirmó.
Durante la entrevista también fue consultada sobre la administración y el control de los fondos. Miño rechazó que los recursos hubieran sido destinados directamente a organizaciones sociales o a sectores políticos determinados.
“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, sostuvo.
Según explicó, los proyectos eran evaluados por la Secretaría de Integración Socio Urbana antes de recibir financiamiento. También afirmó que existían equipos técnicos encargados del seguimiento de las obras y que participaron universidades.
“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de acuerdos con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
El proyecto para extender la emergencia
Miño también se refirió al traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana durante el cambio de gobierno y afirmó que intentó realizar una transición ordenada con Sebastián Pareja.
La diputada sostuvo que puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre programas, proyectos y recursos disponibles. Posteriormente, quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión y denunció públicamente haber sufrido un allanamiento.
“Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
El proyecto respaldado por la Mesa Nacional de Barrios Populares propone extender durante diez años la emergencia sociourbana y establecer mecanismos de financiamiento para continuar las obras de integración.
La iniciativa plantea así retomar una agenda centrada en infraestructura, servicios básicos y urbanización de barrios populares, mientras sus impulsores buscan que el Congreso avance con una nueva extensión del régimen de emergencia.
