El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó varias medidas de prueba en la causa por la fiesta en Olivos por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, realizado el 14 de julio de 2020, en plena prohibición por la pandemia del coronavirus.
Son medidas pedidas por el fiscal federal Fernando Domínguez en diciembre del año pasado y que, tras la feria judicial de enero, el magistrado las ordenó.
Una de ellas tiene que ver con pedir a la Secretaría General de Presidencia si existen registros oficiales sobre las convocatorias hechas a Olivos en los años 2020/2021 por alguien en particular y por qué motivo.
También pidió saber si existe listado oficial de personas habilitadas o autorizadas a ingresar y/o asistir a la residencia presidencial de Olivos en el mismo período, y quien lo ha dispuesto y cuáles fueron los fines.
Otra medida tiene que ver con los motivos por los que se ha detallado diferentes propósitos en la columna `concurre’ de los registros de ingreso las categorías de `chalet’, `primera dama’, `administración’, `jefatura’, `señor presidente’, etc.
REPARACION ECONOMICA
Sofía Pacchi, la modelo y luego contratada por el entorno de la Primera Dama, fue una de las nueve presentes en el cumpleaños junto al Presidente. Sobre ella, el juez pidió saber el período temporal en que trabajó como empleada de la Secretaría General de la Nación. Lo mismo respecto a Emmanuel López, quien fuera asesor de Yáñez.
Hace pocos días, la Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo de tres de los imputados, quienes apuntaban a terminar la causa por «inexistencia de delito». Incluso, el propio Presidente dijo que no cometió delito sino que fue un «error» y planteó ante la Justicia una reparación económica: donar durante cuatro meses la mitad de su sueldo.
El ofrecimiento primero tiene que ser evaluado por el fiscal federal y, de contar con el visto bueno, se debe plantear ante el juez quien tiene que finalmente convalidar o no el mismo.
En la causa se investigan las circunstancias del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena obligatoria por la pandemia y otras visitas a Olivos en tiempo de restricciones por el avance del coronavirus. La acusación se basa en que Fernández y los demás acusados incumplieron el artículo 205 del Código Penal, que castiga la violación de las normas destinadas a impedir la propagación de una enfermedad.
