Mario Heber Condorí Aleuy está acusado de aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer para obtener la cesión gratuita de sus derechos hereditarios sobre una vivienda de Rama Caída. El imputado es un exempleado judicial que en 2020 recibió una condena por participar en maniobras fraudulentas con subastas de inmuebles y vehículos.
Una mujer que atravesaba un delicado estado emocional tras la muerte de su madre, un supuesto abogado que se ganó su confianza y una escritura firmada sin comprender sus consecuencias. Detrás de estos elementos aparece una investigación de la Justicia local que tiene como protagonista a un hombre con un antecedente particularmente significativo: años atrás había sido condenado por integrar una maniobra de corrupción dentro del propio Poder Judicial.
Se trata de Mario Heber Condorí Aleuy, actualmente imputado por una presunta estafa inmobiliaria cometida durante 2025, cuando habría fingido ser abogado matriculado para aprovecharse de una mujer mayor y de su pareja, con el objetivo de obtener derechos sobre una propiedad ubicada en Rama Caída.
De acuerdo con información judicial a la que accedió Diario San Rafael, el hombre fue imputado por los delitos de defraudación por circunvención de incapaz y estafa, en concurso real, previstos en los artículos 174 inciso 2°, 172 y 55 del Código Penal.
La acusación describe una maniobra que no habría recurrido a la violencia ni a las amenazas, sino al engaño, al aprovechamiento de una situación de extrema vulnerabilidad y a la utilización de instrumentos legales para concretar un perjuicio patrimonial.
Todo comenzó cuando Condorí Aleuy se presentó ante la mujer como abogado matriculado y le ofreció sus supuestos servicios profesionales para intervenir en el proceso sucesorio de su padre, que se tramitaba ante el Tribunal de Gestión Judicial Asociada N° 1 de nuestro departamento.
Según la reconstrucción judicial, consiguió establecer una relación de confianza con la víctima, circunstancia que habría resultado determinante para concretar la maniobra.
La mujer atravesaba entonces una situación personal particularmente delicada. Su madre había fallecido durante 2025 y, de acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, presentaba un importante deterioro en sus condiciones emocionales y psíquicas.
El documento judicial describe un cuadro caracterizado por desorientación, dificultades severas para mantener la atención, problemas para recordar acontecimientos recientes, lentitud en el razonamiento y una profunda afectación emocional, acompañada de episodios de llanto espontáneo, desánimo y abatimiento.
También señala que la damnificada tenía dificultades para comprender información compleja y, particularmente, para dimensionar las consecuencias de un acto jurídico.
Para los investigadores, esas condiciones eran perceptibles para cualquier persona que mantuviera contacto con ella y habrían sido deliberadamente aprovechadas por el imputado.
Una firma que habría cambiado todo
El episodio central de la acusación ocurrió durante 2025, cuando la mujer concurrió a una escribanía de nuestra ciudad.
Allí, siempre de acuerdo con la hipótesis judicial, Condorí Aleuy consiguió que la víctima firmara, sin leer su contenido, una escritura pública mediante la cual cedió a título gratuito la totalidad de sus derechos y acciones hereditarios sobre el inmueble donde reside, ubicado en Rama Caída.
La operación no contemplaba contraprestación económica alguna para la damnificada.
Es decir, la mujer habría cedido derechos patrimoniales sobre la vivienda que habitaba sin recibir dinero a cambio y, según sostiene la acusación, sin encontrarse en condiciones de comprender adecuadamente el alcance de aquello que estaba firmando.
La maniobra no terminó allí. En la misma escribanía y durante aquella oportunidad, el acusado también habría conseguido que la pareja de la mujer suscribiera un contrato de comodato relacionado con la misma propiedad.
Ese instrumento, habitualmente utilizado para establecer el préstamo gratuito de uso de un bien, forma parte de la documentación que la investigación considera relevante para reconstruir el perjuicio económico ocasionado a ambos damnificados.
La acusación sostiene que el elemento decisivo fue la confianza generada por Condorí Aleuy al presentarse falsamente como un profesional del derecho. De esta manera, una intervención que inicialmente había sido ofrecida como asistencia jurídica en un trámite sucesorio habría terminado convirtiéndose en una operación patrimonial perjudicial para quienes confiaron en él.
De la corrupción judicial a una nueva acusación por estafa
La identidad del imputado agrega un capítulo relevante a la investigación. Condorí Aleuy no es ajeno a los expedientes penales ni al funcionamiento de nuestros tribunales: durante años se desempeñó como empleado judicial y en agosto de 2020 fue condenado por integrar una organización que manipulaba subastas judiciales para favorecer determinadas operaciones.
Aquella causa, que investigó el fiscal Víctor Giambastiani, permitió descubrir cómo dos empleados judiciales y un abogado aprovechaban el acceso a información reservada para direccionar remates de inmuebles, automóviles y camiones.
Condorí y Carlos Ariel Bernardeau, ambos empleados judiciales, obtenían anticipadamente información sobre las ofertas económicas que debían permanecer secretas y se la proporcionaban al abogado Matías Sánchez, quien de ese modo podía presentar propuestas con ventajas sobre los restantes interesados.
La maniobra había comenzado en 2009 y fue descubierta después de que un funcionario del Cuarto Juzgado Civil advirtiera movimientos irregulares en los sobres que contenían las ofertas.
La investigación terminó con un juicio abreviado en el que los tres involucrados reconocieron su responsabilidad.
Condorí y Bernardeau fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, mientras que Sánchez recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para ejercer la abogacía.
En aquel expediente se acreditaron tres hechos de cohecho y catorce episodios vinculados con la utilización de información reservada de subastas judiciales.
La condena, que tomó estado público el 15 de agosto de 2020, dejó al descubierto un esquema mediante el cual quienes tenían la obligación de custodiar información judicial la utilizaban para favorecer intereses particulares.
Seis años después, el mismo hombre vuelve a quedar involucrado en una investigación penal, esta vez acusado de haberse presentado como abogado para intervenir en asuntos sucesorios y conseguir que una mujer vulnerable cediera gratuitamente sus derechos hereditarios.
Aunque se trata de hechos y expedientes distintos, el antecedente adquiere especial relevancia por la vinculación de ambas maniobras con cuestiones patrimoniales y por el conocimiento del ámbito judicial que tenía el imputado.
Una investigación sobre el abuso de confianza
La nueva causa pone bajo investigación una modalidad delictiva particularmente delicada: el presunto aprovechamiento de las limitaciones de una persona para obtener beneficios económicos mediante actos jurídicos formalmente documentados.
La figura de defraudación por circunvención de incapaz contempla precisamente determinadas maniobras en las que se explota la situación de vulnerabilidad de una persona para inducirla a realizar actos con consecuencias patrimoniales perjudiciales.
En este expediente, la Justicia deberá determinar las condiciones en las que se produjo la firma de la escritura, el grado de comprensión de la damnificada, la participación atribuida al imputado y los alcances económicos de la cesión de derechos hereditarios.
La intervención de una escribanía y la existencia de documentación formal no eliminan la posibilidad de un delito si se acredita que el consentimiento fue obtenido mediante engaño o aprovechamiento de las condiciones de la víctima.
Por ahora, Condorí Aleuy enfrenta una nueva acusación penal y conserva su estado de inocencia respecto de estos hechos hasta que exista una eventual sentencia condenatoria. Diferente es su situación respecto de la causa de corrupción judicial, por la que efectivamente recibió una condena en 2020.
La investigación deberá establecer si, detrás de la aparente asistencia jurídica ofrecida a una mujer que atravesaba un momento de profunda fragilidad, existió una maniobra deliberada para despojarla de sus derechos sobre el lugar donde vive.
El antecedente de Condorí, mientras tanto, plantea un interrogante que trasciende este expediente: cómo alguien que ya había sido condenado por aprovechar indebidamente su acceso a información judicial terminó nuevamente acusado de utilizar una supuesta autoridad profesional para intervenir en operaciones patrimoniales ajenas.
