Fiscal pidió desestimar una denuncia por la interrupción del embarazo de una adolescente abusada

El fiscal Augusto Troncoso solicitó la desestimación de la denuncia que realizaron dos jueces contra los médicos y funcionarios que intervinieron en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de una adolescente abusada sexualmente.

Además de solicitar la desestimación de la denuncia, el fiscal le pidió a la jueza que extraiga testimonios para enviarlos al Consejo de la Magistratura de la Nación para que investigue a los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 24 de septiembre pasado el Tribunal Oral Criminal Nº8 condenó a un hombre a 35 años de prisión por un homicidio y también por el abuso sexual de su hermanastra, llevado adelante en varias ocasiones con violencia y desde que la víctima era muy pequeña.

La adolescente quedó embarazada debido a los abusos sexuales, y en ese contexto se realizó la ILE, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal, que considera no punibles los abortos en esas situaciones, y con el lineamiento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en su fallo F.A.L. en el año 2012.

En los fundamentos del fallo, el juez Anzoategui ordenó la extracción de testimonios para que se investigue como «homicidio o un homicidio prenatal» el procedimiento legal que interrumpió el embarazo.

Según dijo, la interpretación que se hace sobre el artículo 86, inciso 2 del Código Penal; las directivas que surgen del fallo F.A.L. de la Corte; y los protocolos de actuación ante casos de aborto «son violatorios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061»; y el magistrado Luis María Rizzi adhirió a esa postura.

Tras esa denuncia, el fiscal Troncoso planteó la desestimación y consideró que los hechos denunciados por la adolescente fueron probados y que de acuerdo a lo planteado en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal «no quedan dudas que el caso analizado se han cumplido y por ende no se ha cometido hecho ilícito alguno»; y además resaltó que tanto ella como su madre dejaron en claro que la voluntad que tenía la adolescente en terminar con el embarazo.

El fiscal dictaminó «que criminalizar este tipo de interrupciones sería una vulneración a la normativa de las leyes de víctimas y de violencia contra la mujer».

Al referirse a la situación de los médicos, a los cuales los jueces Anzoátegui y Rizzi habían calificado como «sicarios», dejó aclarado que su intervención no solo se encontraba amparada por la ley sino que era una obligación legal.

«El personal de salud y todo órgano interviniente en la interrupción legal del embarazo no pueden obstaculizarla, sino que por el contrario, una vez enfrentados a la situación fáctica contemplada en la norma no pueden eludir sus responsabilidades», sostuvo el fiscal en su dictamen.
La causa está ahora en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 62, a cargo de la jueza Patricia Guichandut.