Una resolución con dos nombramientos generó polémica y malestar entre los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se autoconvocaron para manifestar su disgusto con la situación. Frente a eso, las autoridades del organismo decidieron dejar en “stand by” las designaciones hasta tanto se realicen las consultas pertinentes.
La molestia se generó porque se nombró a dos contratados en jefaturas, mientras que a dos empleados de carrera se les otorgó una subrogancia.
“A los contratados los nombran en cargos jerárquicos y a los que estaban en planta, que tienen años de carrera, le otorgan un cargo interino”, se quejó un empleado del IPV. En el fondo, denuncian que se trata de «acomodos».
El caso estalló el miércoles tras conocerse los detalles de la resolución N° 413, que tiene fecha del 29 de marzo. Ese mismo día, el organismo se convulsionó adentro y afuera, ya que en el interior se manifestaron los empleados y en la puerta del edificio, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Mendoza (UTEP-Mendoza) reclamó para pedir mejoras en las políticas habitacionales.
Las designaciones
Entre los argumentos de la resolución, que firmó la presidenta del IPV-María Marta Ontanilla, se hace mención a la necesidad de “avanzar con la eficientización de la estructura” del organismo.
Es por eso que se independizó jerárquicamente el Departamento de Desarrollo y Gestión Estratégica y el Departamento de Asesoramiento de Desarrollo Humano, teniendo el primero, dependencia jerárquica de Presidencia y el segundo de la Coordinación General de la Presidencia.
Entre esos cambios que se autorizaron, se nombró a Nahuel Ferrareis a cargo del Departamento de Desarrollo y Gestión Estratégica, área que pasará a denominarse Departamento de Planificación y Gestión Cultural.
Anteriormente, el joven, que es politólogo, prestaba funciones en el Ministerio de Infraestructura. También trabajó hasta el 2019 en el equipo que tenía Ontanilla en la Municipalidad de Ciudad, cuando se desempeñaba como directora de Vivienda del Municipio.
Pero, además de ese puesto, se creó la Coordinación General de la Presidencia, que tendrá a su cargo el despacho general del directorio y la coordinación institucional ante organismos públicos de control, entre otros. Para cubrir esa nueva área, en ese lugar se designó a María Agostina Di Leo, abogada, asesora legal del directorio, que también trabajó en la comuna que conduce Ulpiano Suarez.
Sin embargo, tras los reclamos de los trabajadores, el IPV decidió suspender la resolución para poder “revisarla”. Si bien entienden que esas designaciones son potestad del organismo, para evitar problemas, realizarán las consultas pertinentes con la Fiscalía de Estado y con el Tribunal de Cuentas.
Fuente: El Sol
