El megaproyecto de interconexión eléctrica internacional «Los Cóndores–Río Diamante», impulsado por la multinacional Enel con una inversión de 160 millones de dólares, enfrenta un escenario crítico al otro lado de la cordillera.
Las autoridades de la Región del Maule decidieron manifestar un rechazo total y unánime a la iniciativa, que busca unir eléctricamente a Chile con Argentina mediante una línea de alta tensión orientada hacia la subestación Río Diamante, ubicada en San Rafael.
La decisión la tomó en bloque el Gobierno Regional y los 20 consejeros locales, quienes advirtieron que la obra no reporta beneficios tangibles para el territorio chileno y, por el contrario, representa una severa amenaza para los ecosistemas cordilleranos.
IMPACTO AMBIENTAL Y TURÍSTICO
El trazado total de la línea proyecta una extensión de 338 kilómetros. El tramo en disputa contempla la instalación de 76 torres de alta tensión a lo largo de casi 27 kilómetros en la comuna de San Clemente. Esta infraestructura intervendría de manera directa la zona del Alto Maule y las inmediaciones del Paso Pehuenche.
Los principales argumentos de la oposición transversal —que une a alcaldes, diputados, científicos y agrupaciones vecinales— apuntan al daño irreparable que sufriría el patrimonio natural de la zona.
Entre ellos destacan un “colapso del paisaje natural”, donde las monumentales torres de alta tensión degradarían el valor escénico de una de las rutas turísticas más importantes del centro chileno.
Además, diversas organizaciones advierten sobre el impacto directo en la biodiversidad local y en áreas de alto interés para la investigación científica.
Finalmente, el sector turístico de San Clemente teme que la industrialización de la cordillera ahuyente a los visitantes nacionales e internacionales.
CRECE LA PRESIÓN SOCIAL EN LA FRONTERA
La postura política institucional refleja el descontento de la ciudadanía, que ha salido a las calles a manifestarse. A través de marchas públicas, protestas comunitarias y campañas en redes sociales, los habitantes locales exigen frenar definitivamente la tramitación de las obras.
Las comunidades afectadas insisten en que sus recursos naturales no deben ser sacrificados para un beneficio empresarial transfronterizo.
Por el momento, el futuro de la interconexión con San Rafael quedó supeditado a lo que decida formalmente la Comisión de Evaluación Ambiental de Chile. Sin embargo, el unánime portazo político y social del Maule marca un precedente judicial y político complejo que pone en jaque la viabilidad técnica del proyecto.
FOTOS: Barbara Meneses – ONG Andes Sustentable
