La medida de fusionar a más de 120 centros educativos de jóvenes y adultos (CEBJAs y CENS), presentada como una optimización de recursos por parte de la Dirección General de Escuelas, ha sido criticada por la comunidad educativa, que la percibe como un cierre encubierto de escuelas. Laura Espeche, docente y referente en la modalidad de educación de jóvenes y adultos, expresó su preocupación en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
“El gobierno emitió cuatro resoluciones que hablan de la fusión de más de 120 CEBJAs y CENS de la provincia de Mendoza. Ellos le ponen el nombre de fusión, pero no es nada más ni nada menos que el cierre de escuelas”, expresó Espeche. En sus declaraciones, subrayó que la medida impactará no solo en los estudiantes, sino también en los equipos directivos y los servicios de orientación.
El gobierno ha argumentado que la fusión no alterará la cantidad de aulas, docentes ni divisiones. Sin embargo, Espeche cuestionó esta afirmación: “Dicen que se mantiene todo igual, pero lo que en realidad sucede es que una escuela cierra y es absorbida por otra. Utilizan términos como eficiencia y optimización de recursos para disfrazar un recorte a la educación”.
La medida incluye dos modalidades principales: la conversión de algunas instituciones en aulas satélite de una escuela principal y el traslado de establecimientos enteros a otras sedes. “Esto lo justifican bajo el argumento de optimizar recursos, pero en realidad significa una política de ajuste que no tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes ni las problemáticas de la población que atiende esta modalidad”, agregó.
La modalidad de educación de jóvenes y adultos atiende a sectores de la población en situación de vulnerabilidad, muchas veces con trayectorias escolares interrumpidas debido a la pobreza o la necesidad de trabajar. “Esta población, que vive en barrios precarizados y con empleos inestables, no puede ser medida bajo las mismas estadísticas que aplica el gobierno. Hablan de matrícula y trayectorias estudiantiles, pero no analizan por qué esas trayectorias se interrumpen”, señaló Espeche.
La docente también cuestionó el enfoque del gobierno provincial: “Cuando tenemos un 55% de pobreza, la pregunta debería ser: ‘¿Por qué no están los estudiantes en las escuelas?’ No cerrar las escuelas porque los estudiantes no están yendo. Esta lógica del cierre esconde una política de ajuste que vulnera el derecho a la educación”.
La fusión de las instituciones también tendrá un impacto directo en los trabajadores del sector educativo, en particular los equipos directivos y los servicios de orientación. “Al unificar dos escuelas, queda un solo equipo directivo. Esto significa que hay directivos que se quedan sin trabajo. Lo mismo ocurre con los servicios de orientación; de dos equipos se reduce a uno solo”, explicó Espeche.
La docente también advirtió sobre el impacto futuro de estas medidas, ya que podrían facilitar el cierre de más cursos y aulas. “El cierre de cursos es una política de Estado que este gobierno viene sosteniendo desde hace años. Si fusionan dos escuelas y luego consideran que pueden meter 30 o 35 estudiantes en una misma aula, el resultado es una educación de menor calidad”, afirmó.
Asimismo, Espeche rechazó la idea de que estas medidas representen una verdadera optimización de recursos: “La educación no puede medirse solo en términos económicos. Estamos hablando de garantizar derechos. Si el Estado cierra escuelas, en lugar de analizar seriamente por qué los estudiantes abandonan, lo único que hace es profundizar la exclusión”. Además, subrayó el impacto que tiene el cierre de escuelas en los estudiantes que viven en zonas alejadas. “En algunos casos, estos chicos tendrán que trasladarse varios kilómetros para asistir a la escuela más cercana. Esto, lejos de ser una solución, representa una barrera adicional para que puedan completar su educación”, indicó.
“El gobierno debería enfocarse en entender cuáles son las causas de la deserción estudiantil y trabajar para solucionarlas. No cerrar la escuela del barrio porque hay poca matrícula, sino garantizar que esos estudiantes puedan asistir”, concluyó Espeche.
