Gasoducto: el Estado presente le ganó a la motosierra

La postergación histórica de las obras de infraestructura en el interior del país suele ser el reflejo de un centralismo burocrático que desconoce las urgencias del territorio. Sin embargo, la inauguración del Gasoducto San Rafael -que ocurrirá hoy- excede los límites de una simple crónica de demoras y desencuentros políticos para transformarse en un testimonio de resistencia institucional. En un contexto nacional signado por un ajuste fiscal ortodoxo y casi inhumano, que ha paralizado de forma deliberada la obra pública en todo el territorio nacional, la concreción de este proyecto representa un triunfo de la gestión local. La Municipalidad debió ponerse la obra al hombro, asumiendo un rol protector indispensable ante el abandono explícito del Estado nacional.

Durante años, la falta de factibilidad de gas natural operó como un cepo invisible que estranguló el crecimiento de San Rafael y General Alvear. No se trataba únicamente de una limitación para la radicación de industrias o emprendimientos productivos en nuestra matriz tradicional; era, por sobre todas las cosas, una condena de vulnerabilidad para miles de familias que, invierno tras invierno, debían someterse al costo prohibitivo y la escasez de la garrafa. En estas latitudes, donde el frío no es una variable estadística sino una realidad hostil, el acceso al gas de red es una frontera divisoria entre la dignidad y la exclusión.

La decisión de la administración municipal de asumir la finalización de los trabajos, financiando y coordinando los tramos definitivos cuando la Nación mileísta decidió desertar de sus obligaciones más básicas, expone con claridad las dos miradas contrapuestas que hoy tensionan a la Argentina. Por un lado, una línea política que, bajo la premisa de la austeridad fiscal, desmantela los resortes del desarrollo federal y considera el bienestar de los ciudadanos del interior como un gasto prescindible. Por el otro, una gestión de cercanía que entiende que el superávit macroeconómico carece de valor si se edifica sobre el sufrimiento y el congelamiento de las condiciones de vida de su población.

El gasoducto que hoy se habilita no es una dádiva central; es el resultado de la administración eficiente de los recursos de los propios sanrafaelinos, direccionados políticamente para blindar a la comunidad frente a la intemperie social que baja desde la Capital Federal. Conectar a más de 26 mil usuarios potenciales en el sur mendocino significa devolverle la sustentabilidad a la economía doméstica de los trabajadores y los sectores más postergados, permitiéndoles un ahorro drástico en sus presupuestos de calefacción y subsistencia básica.

Esta obra estratégica debe leerse como un punto de inflexión y una lección de autonomía. La finalización de este gasoducto confirma que la obra pública no es un capricho ideológico, sino la herramienta indispensable para equilibrar la balanza en una sociedad dual. En las vísperas de un nuevo invierno, el sur de Mendoza enciende una llama que no solo traerá alivio a los hogares, sino que mantendrá viva la certeza de que los pueblos no deben arrodillarse ante la crueldad del desamparo neoliberal.