Luego de casi dos años de investigación, la justicia de Villa María elevó a juicio este miércoles la megacausa que investiga la presunta estafa Ponzi detrás del emporio de Generación Zoe, el holding empresarial liderado por el coach Leonardo Cositorto, que ofrecía desde criptomonedas hasta hamburguesas y prometía a sus inversores ganancias sospechosamente exorbitantes en dólares.
Cositorto, en prisión preventiva desde hace más de 22 meses en el penal de Bouwer, en Córdoba, es uno de los 26 imputados que aparecen en la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys de Villa María, que rastreó la responsabilidad de cada uno de los responsables del esquema, que tenía en dicha ciudad una de sus sedes más importantes y lucrativas. A Cositorto lo acusan de coautor de los delitos de asociación ilícita en calidad de líder organizador y de estafas reiteradas. De ser hallados responsables penales, podrían recibir hasta 20 años de prisión.
En San Rafael, en una moderna oficina y con un cartel llamativo en avenida Yrigoyen funcionó una sede de «reclutamiento» de inversores de este sistema Ponzi.
La novedad volvió a poner en el tapete la pregunta respecto a qué pasó con una causa con muchas similitudes como lo es la de Ganancias Deportivas en nuestra zona.
A mediados de 2022 y después del escándalo que deparó el hecho de que miles de sanrafaelinos comprobaron que habían caído en una estafa y de la controversia suscitada respecto a la competencia para investigar el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que era la Justicia Provincial quien debía abocarse a la investigación.
Los perjudicados por la estructura estimaron que la justicia local se abocaría de lleno a determinar las eventuales responsabilidades penales por el giro de una “empresa” que se quedó con varios millones de euros de sanrafaelinos en lo que –ya nadie discute- era una estructura defraudatoria. Sin embargo, y a casi dos años de aquella resolución de la Corte Nacional, no resulta fácil hallar demasiadas respuestas en los tribunales locales acerca de cuáles han sido los pasos dados hasta ahora para poner nuevamente en marcha una causa que tiene centenares de denuncias.
Por el “caso GD” –a diferencia de lo que ocurre con Cositorto y Zoe- no hay ninguna persona detenida y arribar a un debate para determinar las responsabilidades penales de una de las mayores estafas que observa San Rafael en su historia es menos que una utopía.
