El fiscal Javier Giaroli analizó cómo la tecnología transformó las modalidades delictivas y las herramientas para investigarlas. En una extensa entrevista, habló de Ganancias Deportivas, la causa por presunta extorsión a los hermanos Félix, las investigaciones sobre material de abuso sexual infantil y los desafíos que plantea la inteligencia artificial. También advirtió sobre la elevada incidencia de lesiones y homicidios culposos en el tránsito del sur mendocino.
El delito cambió, las formas de engañar se multiplicaron y buena parte de las investigaciones judiciales se trasladó a un escenario donde los teléfonos, las billeteras virtuales y las redes sociales pueden resultar tan importantes como una declaración testimonial. Ese fue uno de los ejes del panorama que trazó el fiscal Javier Giaroli durante una entrevista con Ariel Sat y Alejandro Sosa en el espacio de los sábados “Todas las Voces” de FM Vos 94.5.
Con experiencia en distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal y una trayectoria que lo llevó desde el Gran Mendoza hasta Malargüe y San Rafael, Giaroli abordó tanto las nuevas modalidades de estafa como causas resonantes del departamento. Su descripción dejó una advertencia: detrás de una oferta laboral, una inversión que promete ganancias rápidas o una cuenta aparentemente anónima puede existir una conducta delictiva susceptible de ser investigada.
“El delito ha mutado en los últimos años de forma muy vertiginosa, como ha mutado todo de la mano de la tecnología”, afirmó.
Para el fiscal, esa transformación tiene una explicación concreta: las personas modificaron sus hábitos, dejaron de manejar buena parte de su dinero en efectivo y comenzaron a realizar operaciones a través de herramientas digitales. Los delincuentes, en consecuencia, también adaptaron sus estrategias.
Estafas que usan ofertas de trabajo como anzuelo
Uno de los ejemplos que mencionó fue una maniobra dirigida a vecinos de San Rafael mediante supuestas oportunidades laborales vinculadas con Arcor. Según explicó, los autores utilizan el nombre de la empresa para establecer contacto con personas interesadas en conseguir empleo y luego les solicitan una transferencia de dinero con el argumento de tramitar un certificado de buena conducta.
“Es toda una maniobra bastante sofisticada que están utilizando para conseguir que la gente pague, transfiera una pequeña cantidad de dinero por un certificado de buena conducta”, señaló.
Giaroli aclaró que se trata de una defraudación y explicó que este tipo de operaciones se apoya en técnicas de ingeniería social: mecanismos destinados a generar confianza, aprovechar una necesidad o conseguir que la propia víctima realice una acción que termine perjudicándola.
También mencionó el uso de inteligencia artificial para elaborar los discursos con los que se presentan los engaños. La tecnología permite construir mensajes convincentes y adaptar el contacto a distintos destinatarios.
En relación con la investigación de esa maniobra, indicó que habían encontrado un elemento común entre varias denuncias y que las sospechas apuntaban hacia una persona de Luján. Según su relato, esa persona había denunciado una supuesta clonación de su billetera virtual, aunque la fiscalía contaba con indicios que ponían en duda esa explicación.
El ejemplo muestra la importancia de reunir denuncias que, vistas de manera aislada, pueden parecer menores, pero que al cruzarse permiten identificar cuentas, destinatarios y patrones repetidos.
Montos pequeños, muchas víctimas y denuncias que no llegan
Giaroli sostuvo que no todos los estafadores buscan obtener grandes sumas de una sola persona. En numerosas maniobras, explicó, la estrategia consiste en conseguir transferencias pequeñas de muchas víctimas.
“El verdadero profesional de este tipo de defraudación, en mi opinión, no defrauda más de 20 o 30 mil pesos. No hace grandes defraudaciones por cada víctima”, expresó.
La elección del monto, según su análisis, tiene una finalidad: reducir las posibilidades de que el damnificado haga una denuncia formal.
“Especula con que la víctima no va a hacer la denuncia porque es poca plata”, advirtió. A eso sumó otro factor: “Hay una gran desconfianza con respecto a la eficacia del Ministerio Público en investigar estos hechos y por lo tanto mucha gente no lo denuncia”.
En ese contexto, muchas personas optan por publicar lo ocurrido en Facebook o en grupos de WhatsApp. Aunque esas advertencias pueden alertar a otros usuarios, el fiscal señaló que la falta de denuncias dificulta reunir los elementos necesarios para una investigación.
Al ser consultado por el esclarecimiento de estos hechos, aclaró que no contaba con una estadística precisa. A modo de estimación personal, consideró que podría superar el 70 u 80 por ciento, aunque diferenció identificar lo ocurrido de obtener una sentencia condenatoria.
Explicó que en parte de los casos las víctimas priorizan recuperar el dinero y que, por esa razón, interviene la Oficina de Mediación Penal. La respuesta judicial, entonces, no siempre termina en una condena, aun cuando se haya logrado establecer quién participó en la maniobra.
El desafío de seguir el dinero
Para Giaroli, investigar una estafa digital no necesariamente implica una dificultad técnica insalvable. El problema suele estar en los tiempos que demanda obtener información de bancos, empresas telefónicas y plataformas de pago.
“En realidad no es complejo investigar los delitos, en realidad es una investigación que depende de muchas terceras personas que emitan informes que nos interesan para esclarecer el hecho”, explicó.
Entre esos elementos mencionó movimientos de cuentas bancarias, registros de billeteras virtuales e información vinculada con la ubicación de teléfonos.
Como ejemplo, recordó la causa conocida como la “estafa de los presos”. Según relató, en esa investigación detectaron numerosas cuentas abiertas a nombre de un interno penitenciario, que eran utilizadas por terceras personas. Para reconstruir las operaciones debieron solicitar información a distintas entidades financieras y plataformas.
“Tenemos todas esas informaciones, es muy fácil analizarlas y entrecruzarlas. El tema es que lleguen todos esos reportes”, sostuvo en Fm Vos 94.5.
A esa demora se suma el volumen de denuncias. El fiscal advirtió que la cantidad de defraudaciones puede generar un “colapso del sistema” y explicó que una de las formas de orientar el trabajo consiste en detectar conexiones entre hechos, como una misma billetera virtual utilizada para recibir dinero de varias víctimas.
También recordó una investigación que derivó en 15 allanamientos en Jujuy. Los autores, según describió, contactaban comisarías de San Rafael, se hacían pasar por abogados vinculados con oficinas de derechos humanos y obtenían datos de familiares de personas detenidas.
Después llamaban a esas familias y, simulando ser autoridades judiciales, les exigían dinero con la promesa de evitar el traslado de sus allegados al penal.
“Modalidades de defraudación hay tantas como la imaginación y la ocurrencia indiquen”, resumió.
Ganancias Deportivas: qué encontró la investigación
Uno de los tramos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a Ganancias Deportivas, el esquema ponzi que tuvo una fuerte presencia en San Rafael y que generó expectativas de rentabilidad entre numerosos vecinos.
Giaroli recordó que, después de su caída, se convocó a unas 800 personas para prestar declaración. Según estimó, concurrieron entre 150 y 200.
“De esas 200, la gran mayoría no perdió dinero”, afirmó. Añadió que, entre quienes declararon haber sufrido pérdidas, hubo personas que reconocieron que conocían el carácter fraudulento del esquema y que habían asumido el riesgo de participar.
Giaroli sostuvo que uno de los obstáculos centrales para avanzar sobre los organizadores fue su localización fuera de la Argentina. Al momento de la entrevista, indicó que seguían esperando respuestas a exhortos internacionales enviados a Costa Rica.
También explicó que la situación de quienes promovían el sistema en el país debía analizarse a partir de las pruebas sobre su conocimiento y participación. En ese punto se refirió a David Villegas, quien, según señaló, había sostenido que creía estar promoviendo una inversión honesta.
“Lo que existe es el beneficio de la duda”, expresó en Fm Vos 94.5 al explicar las dificultades para determinar qué sabía cada persona sobre el funcionamiento del esquema.
El fiscal indicó que una medida relevante para esa investigación era el análisis del teléfono de Villegas, pero que la extracción de información no había podido concretarse por limitaciones técnicas vinculadas con el dispositivo. Explicó que las herramientas forenses se actualizan y que esa posibilidad podría cambiar con nuevas versiones del software utilizado por el Ministerio Público.
Consultado sobre versiones que apuntaban a nuevas reuniones o propuestas semejantes, dijo que había recibido rumores y capturas de pantalla, pero que no existía una denuncia concreta ante su fiscalía por esos hechos.
“Nunca existía el negocio base”
Más allá del estado de la causa, Giaroli cuestionó el funcionamiento de los sistemas que ofrecen rentabilidades sustentadas en la incorporación permanente de nuevos participantes.
“En Ganancias Deportivas se determinó que nunca existía el negocio base”, sostuvo.
Para el fiscal, una pregunta fundamental es de dónde sale realmente el dinero que se promete como ganancia. Cuando las explicaciones sobre la actividad económica son vagas y el énfasis está puesto en sumar personas, aparecen señales que deben ser examinadas con cuidado.
También propuso un cambio legislativo. A su criterio, debería incorporarse una figura penal específica para la participación en esquemas multinivel o piramidales que no cuenten con autorización o controles adecuados. Lo presentó como una propuesta y no como una disposición vigente.
Su cuestionamiento también alcanzó a quienes identifican el riesgo, pero ingresan con la expectativa de retirarse antes del derrumbe, trasladando las pérdidas a otros.
“Es que esto es lo tan perverso de los esquemas piramidales que sacan lo peor de la gente”, afirmó.
En su descripción, algunas personas participan sabiendo que necesitan incorporar rápidamente a otras para recuperar el dinero. El resultado es una cadena en la que los últimos ingresantes quedan particularmente expuestos.
“La gente que cree que la plata sale de los árboles es la empleada doméstica que vendió el Renault 12 para meterlo en Ganancias Deportivas y que nunca más va a poder recuperar ese auto y hasta el día de hoy está yendo en bicicleta a trabajar”, expresó, al ilustrar el impacto que estas maniobras pueden tener sobre personas con menos recursos.
La causa de extorsión a los hermanos Félix
Giaroli también informó sobre la investigación iniciada a partir de la denuncia por extorsión al intendente Omar Félix y a su hermano, el diputado nacional Emir Félix.
Según explicó, al momento de la entrevista las dos personas acusadas, David Félix y una mujer de apellido Vilche, permanecían con prisión preventiva y habían sido notificadas de la elevación de la causa a juicio.
“Extorsión y amenazas”, respondió al ser consultado por la calificación de los hechos. Añadió que ambos intentaban obtener una morigeración de la detención bajo la modalidad domiciliaria.
De acuerdo con el relato del fiscal, la denuncia se originó en una exigencia de dinero vinculada con la amenaza de difundir un supuesto contenido sexual que involucraría a los denunciantes. Tras la presentación, se acordó una entrega de dinero y se organizó un procedimiento en la puerta de una escribanía, donde fueron detenidos los acusados.
Giaroli sostuvo que el material invocado en la maniobra era falso y señaló que la defensa había cuestionado la capacidad de ese contenido para configurar una extorsión, por considerar que se trataba de una elaboración burda.
El fiscal explicó por qué, a su criterio, esa circunstancia no eliminaba el efecto intimidatorio sobre personas cuya actividad depende de la consideración pública.
“Cualquier rumor o cualquier cosa que manche su buen nombre puede implicar un serio riesgo y un serio temor a que eso se difunda, aunque sea falso y aunque sea muy burdo”, argumentó.
En ese sentido, sostuvo que la posible circulación de una acusación falsa debe analizarse también a partir de las características de sus destinatarios y del contexto en que se produce. La responsabilidad penal de los acusados deberá resolverse en el proceso judicial.
Redes sociales y la falsa sensación de anonimato
La entrevista también dejó una advertencia sobre los comportamientos en redes sociales. Giaroli señaló que persisten dos ideas equivocadas: creer que lo que se dice en internet no puede constituir un delito y suponer que un nombre ficticio impide identificar al autor.
“Las dos cuestiones son muy equivocadas”, afirmó.
Explicó que las amenazas realizadas mediante plataformas digitales pueden ser investigadas y que los registros técnicos, los metadatos y los informes de las empresas permiten avanzar sobre la identidad de quienes están detrás de una cuenta.
“Es como la gente piensa como que hay un derecho a ser hater”, expresó.
Al abordar las agresiones dirigidas a mortificar a otra persona, sostuvo que las consecuencias sobre su salud psíquica pueden tener relevancia penal. Planteó esa posibilidad desde su criterio como fiscal, vinculándola con la necesidad de demostrar el daño y su relación con la conducta investigada.
También se refirió a la difusión de material íntimo como una forma de castigo o de hostigamiento. Según explicó, en esas situaciones resulta relevante analizar la afectación que se provoca sobre la persona expuesta.
Su planteo puso el foco en que las redes forman parte de la vida cotidiana y que una pantalla no elimina las consecuencias de una amenaza o de una conducta que lesione derechos.
Material de abuso sexual infantil y evidencia digital
Giaroli repasó además su experiencia en investigaciones sobre tenencia, producción y facilitación de material de abuso sexual infantil. Explicó que una reorganización del Ministerio Público Fiscal trasladó la competencia sobre esos delitos al ámbito de las fiscalías de Violencia de Género, aunque él continuaba interviniendo en las causas que ya tenía en trámite.
Entre ellas mencionó un expediente de General Alvear que se encontraba en instancia preliminar al debate. Evitó aportar detalles por la presencia de niños muy pequeños vinculados con los hechos.
Estimó que, como resultado de las investigaciones realizadas, entre 15 y 20 personas se encontraban cumpliendo condenas efectivas por delitos de este tipo.
El fiscal hizo una distinción relevante: una mayor tasa de condenas en el sur provincial no demuestra, por sí sola, que allí se cometan más hechos que en otras regiones.
“No me atrevo a decir que implica que se cometan más esos delitos en el sur provincial que en el norte”, aclaró. Consideró que esos resultados también podían estar relacionados con la dedicación y el tiempo destinados a investigarlos.
Señaló que su experiencia modificó una suposición inicial. Había imaginado que se trataría de delitos predominantemente urbanos, pero encontró numerosos casos en ámbitos rurales y localidades del sur mendocino. Aclaró que esa apreciación surgía de los expedientes en los que había trabajado y no de una estadística general.
También destacó la experiencia adquirida por el personal de su fiscalía en el análisis de evidencia digital.
“Todos los delitos hoy por hoy tienen algún contexto de evidencia digital que se puede comprobar”, afirmó.
Criptoactivos: rastrear movimientos e identificar personas
En algunas de esas investigaciones, según contó, detectaron comercialización de material de abuso sexual infantil mediante criptoactivos.
Giaroli cuestionó la idea de que esas operaciones son necesariamente imposibles de rastrear. Distinguió la posibilidad de reconstruir movimientos de la dificultad de identificar a las personas que controlan las billeteras.
“Una de las particularidades de los criptoactivos es la falsa creencia de que no se pueden rastrear los movimientos”, señaló.
“Sí se puede trazar el movimiento de criptos”, remarcó.
Aunque definió ese tipo de operaciones como una “bandera roja” en determinados contextos investigativos, aclaró expresamente: “No significa que haya algún delito detrás”.
La precisión resulta central en su planteo: el uso de una tecnología no determina por sí solo la existencia de un delito, pero puede exigir un análisis particular cuando aparece vinculado con una maniobra bajo investigación.
Inteligencia artificial: una herramienta y un desafío para la prueba
La inteligencia artificial apareció en la entrevista desde dos perspectivas. Por un lado, como una herramienta que puede agilizar el trabajo judicial. Por otro, como un recurso capaz de generar dudas sobre la autenticidad de imágenes y videos.
Giaroli explicó que se estaba realizando una experiencia piloto para registrar declaraciones y transcribirlas mediante inteligencia artificial. Según señaló, ese mecanismo permite reducir tiempos y mejorar el intercambio con la persona interrogada.
“Hoy por hoy con la inteligencia artificial podemos transcribir las declaraciones en forma muy satisfactoria”, sostuvo.
Pero las posibilidades de manipulación también comenzaron a aparecer en planteos concretos dentro de causas penales. Recordó una investigación por una amenaza a un sanrafaelino con una foto, donde la ex mujer tenía al hijo en común con un cuchillo en el cuello, y en la que la defensa sostuvo que esa fotografía había sido generada con inteligencia artificial.
Según explicó, se analizaron los metadatos de la imagen y se descartó esa hipótesis.
“No quedó ningún lugar a duda de que era una foto real”, afirmó.
El caso también expuso una necesidad del sur provincial: contar con herramientas propias para extraer información de teléfonos. Giaroli indicó que había solicitado a la Procuración disponer de software y equipamiento en la región, ya que algunas tareas deben realizarse en Mendoza.
También mencionó dificultades para valorar fotografías de lesiones cuando existen dudas sobre su origen, su fecha o una eventual manipulación. Su explicación dejó planteado un desafío creciente: además de observar el contenido, será necesario acreditar cómo se obtuvo y preservar los elementos que permitan verificarlo.
Flagrancia y causas resueltas en pocos días
Otro de los ejes fue el procedimiento de flagrancia, que permite tramitar con plazos breves determinados hechos en los que la persona es aprehendida durante el delito, en una persecución inmediata o con rastros claros de participación.
Giaroli relató casos recientes de sustracciones en comercios que habían concluido rápidamente con condenas. Entre ellos mencionó el intento de llevarse una tabla de algarrobo de un negocio en la Isla del Río Diamante y un hecho ocurrido en un local donde un hombre intentó sustraer un parlante.
Según explicó, el procedimiento establece tiempos acotados tanto para explorar un juicio abreviado como para avanzar hacia un debate.
Sin embargo, aclaró que no todos los expedientes pueden resolverse de esa manera. Cuando aparecen cuestiones que requieren mayor investigación, como dudas sobre la imputabilidad o la necesidad de considerar otras causas, puede ser necesario continuar mediante el trámite ordinario.
También propuso debatir una ampliación que denominó “flagrancia digital”: situaciones en las que una filmación permite acreditar con claridad un hecho y la identidad de su autor. Aclaró que esa categoría no estaba prevista en los términos que él planteaba.
“Si el hecho es muy fácil de probar, ¿para qué vamos a dar un trámite de investigación penal preparatoria?”, preguntó.
Su propuesta apunta a reducir tiempos y recursos en casos de prueba sencilla, aunque reconoció que la fiscalía debe contar con los elementos suficientes para sostener la acusación dentro de los plazos del procedimiento.
El tránsito, una preocupación particular del sur
Aunque buena parte de la charla estuvo centrada en delitos digitales y causas resonantes, Giaroli también advirtió sobre la incidencia de los hechos viales en San Rafael.
Según su descripción, el departamento presenta indicadores inferiores a los provinciales en distintos tipos de delitos, pero registra una situación preocupante en lesiones y homicidios culposos ocurridos en circunstancias de tránsito, al considerar la cantidad de habitantes.
“Esos números están muy elevados en comparación con el resto de la provincia”, sostuvo.
Entre sus preocupaciones mencionó la convivencia entre automóviles, motocicletas, bicicletas y nuevos vehículos eléctricos. Particularmente, hizo referencia a adolescentes que circulan en monopatines sin casco ni elementos suficientes de iluminación y señalización.
Relató que había observado a una joven desplazándose por el microcentro en horario de ingreso y salida escolar, sin medidas de protección que consideró indispensables.
“Los vehículos eléctricos llegaron, llegaron para quedarse”, afirmó en Fm Vos 94.5.
Desde su mirada como ciudadano y funcionario jurídico, sostuvo que su incorporación a la vía pública exige controles sobre las condiciones de seguridad y sobre la capacidad de quienes los conducen.
La advertencia se suma al diagnóstico que atravesó toda la entrevista: los cambios tecnológicos crean nuevas posibilidades, pero también obligan a revisar hábitos, mecanismos de prevención y herramientas de investigación. En ese escenario, Giaroli describió una fiscalía que debe seguir transferencias, analizar teléfonos, verificar imágenes y reconstruir engaños, mientras continúa atendiendo delitos que ocurren en las calles y afectan de manera directa a la comunidad.
