En medio de una creciente tensión por la política minera y el avance sobre recursos estratégicos, el Partido Verde ha movilizado un paquete de leyes en la Legislatura mendocina para blindar a los activistas ambientales. El diputado provincial Emanuel Fugazzotto denuncia un proceso de criminalización de la protesta sin precedentes en la provincia y exige protocolos claros que respeten tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. En diálogo con FM Vos 94.5, el legislador advirtió sobre la manipulación de las audiencias públicas y la urgencia de proteger los glaciares frente a las presiones corporativas.
Para Fugazzotto, las estadísticas recientes denotan un cambio alarmante en el tratamiento que el Estado mendocino da a quienes se manifiestan en defensa de los bienes comunes. «A partir de reuniones con especialistas en derecho ambiental, vemos que Mendoza se ha transformado en la provincia con mayor criminalización del país. Desde la aprobación de proyectos como San Jorge, ya contamos con más de 35 imputados o procesados por manifestarse en defensa del ambiente o de la Ley de Glaciares», aseguró al inicio del reportaje.
«Este silenciamiento no es solo contra el activista; es contra comunicadores y periodistas que simplemente hacen su trabajo. Lo que buscamos con este paquete de leyes es poner un freno a esta avanzada que utiliza el aparato judicial para amedrentar y silenciar voces opositoras», añadió.
El escudo legal: leyes Anti-SLAPP y protocolos de actuación
El proyecto impulsado por el Partido Verde busca introducir en la normativa local herramientas internacionales diseñadas específicamente para evitar que las grandes corporaciones utilicen litigios abusivos como una estrategia para desgastar a los ciudadanos y organizaciones sociales. Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de las denominadas leyes Anti-SLAPP.
«Son normativas que buscan identificar causas que no persiguen la reparación de un daño real, sino que intentan silenciar la libertad de expresión. Queremos que estas causas no prosperen si su fin es el amedrentamiento», resaltó Fugazzotto. Dentro de ese contexto, el legislador subrayó que esta iniciativa guarda sintonía directa con el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que ya cuenta con rango constitucional en Argentina y que obliga al Estado a proteger a los defensores del ambiente.
Asimismo, el paquete de leyes incluye la creación de protocolos de actuación específicos para las fuerzas de seguridad en contextos de manifestaciones ecológicas. “Pedimos un protocolo para protestas ambientales porque hoy existe una asimetría de poder enorme entre un ciudadano de a pie y una multinacional minera. El Estado no puede poner su poder a favor de un modelo de desarrollo vulnerando garantías constitucionales», sentenció el diputado.
El mandato de Escazú: la audiencia pública como obligación legal
Uno de los puntos más ríspidos de la entrevista fue la denuncia sobre el intento del gobierno de restringir la palabra de los ciudadanos en los debates sobre proyectos de gran impacto. «La participación ciudadana no es un favor que concede el gobierno o la Cámara de Diputados; es una obligación legal. Manipular una audiencia pública, decidiendo quién habla y quién no bajo criterios arbitrarios de ‘quién se anotó primero’, es inconstitucional», consideró el legislador.
«Hay más de 70.000 argentinos inscriptos interesados en el tema glaciares. No pueden mandar sus opiniones al cajón de los recuerdos solo para acelerar un proceso que beneficia a un par de corporaciones. Eso rompe la transparencia y la confianza mínima en las instituciones», añadió.
La defensa de los glaciares y el consenso social
Para el diputado del Partido Verde, la crisis de representación política se agrava cuando se intenta imponer agendas extractivas que no cuentan con el aval de la comunidad ni respetan los mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, puso el foco en el rol de los legisladores nacionales frente a las presiones de sectores industriales. «Hacemos un llamado a la conciencia. No pueden ceder a los aprietes de las mineras; los glaciares son bienes comunes y el agua es el límite», manifestó.
Asimismo, el legislador destacó la urgencia de recuperar la licencia social, un concepto que considera fracturado: «Argentina necesita salir de estos gobiernos de extremos que imponen lo que creen por la fuerza. Necesitamos gestiones que respeten la Constitución y logren consensos reales con la sociedad. Hoy se ha perdido la licencia social de los ciudadanos con la política, y acciones como limitar quién puede hablar sobre el futuro del agua solo terminan de romper ese vínculo esencial».
Un llamado al Estado de Derecho
Fugazzotto concluyó que la defensa del ambiente es, en última instancia, una defensa de la democracia y de la seguridad de los ciudadanos frente a los abusos del poder. «El problema es que si el criterio para determinar si una marcha es violenta es detener a cualquiera que camine por la vereda, el Estado de Derecho está siendo vulnerado», determinó.
«Quien infrinja la ley debe tener el castigo que corresponda, pero quien ejerce un derecho no puede ser víctima del poder del Estado puesto al servicio de intereses mineros. Nuestra lucha en la Legislatura es para garantizar que el activismo ambiental no sea una actividad de riesgo en Mendoza, sino un ejercicio ciudadano protegido por la ley», completó.
