La reciente reforma de la Ley de Glaciares ha encendido una señal de alarma que trasciende las banderas políticas para instalarse en el terreno de la seguridad ambiental y el rigor científico. Un amparo colectivo presentado recientemente ante la Justicia Federal, que ya cuenta con el respaldo de casi un millón de firmas, es la expresión de una preocupación profunda sobre cómo vamos a gestionar, de aquí en más, las reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
En una entrevista brindada a FM Vos, Diego Salas, referente de Greenpeace Andino, puso el foco en un punto que debería interpelarnos a todos los mendocinos: el desplazamiento del criterio técnico en favor de una interpretación política de la naturaleza. Al modificar la definición de los cuerpos de hielo protegidos y delegar facultades de decisión en las jurisdicciones provinciales sin el blindaje científico que antes garantizaban organismos como el IANIGLA, se ingresa en un terreno de ambigüedad extremadamente peligroso para el ecosistema de alta montaña.
Para Mendoza, el debate sobre el ambiente periglaciar —desestimado por algunos sectores bajo el simplismo de «rocas congeladas»— es, en realidad, una discusión sobre el tanque de agua de nuestra provincia. No se trata de una postura obstructiva frente al desarrollo económico, sino de entender que la afectación ecológica en las nacientes de las cuencas tiene efectos sistémicos e irreversibles. Como bien señaló Salas, mientras que otros daños ambientales pueden ser mitigados o revertidos con el tiempo, la intervención sobre un glaciar o su entorno hídrico es definitiva. Una vez que se rompe ese equilibrio, el recurso se pierde para siempre.
La inquietud que recorre a las asambleas locales y a la ciudadanía en general radica en la fragilidad de este «retroceso» en la protección. El principio de no regresividad ambiental, amparado por la Constitución, advierte que no podemos desandar el camino de cuidado ya logrado. Si el 98% del territorio nacional permanece fuera de estas restricciones, la pregunta que surge es por qué resulta necesario avanzar sobre ese escaso 2% que garantiza la supervivencia hídrica de los pueblos de la cordillera.
La justicia tiene ahora la responsabilidad de evaluar si esta reforma garantiza la salud de nuestros ecosistemas o si, por el contrario, expone a los glaciares a riesgos innecesarios. En una tierra donde el agua es el motor de la vida y la producción, cualquier sombra de duda sobre su preservación debe ser tratada con la máxima cautela para que el eventual progreso sea posible y duradero.
