El Ministerio de Seguridad de Mendoza ha reglamentado el uso de pistolas Taser en la provincia, permitiendo que los preventores de la ciudad de Mendoza y los vigiladores privados puedan utilizarlas en determinados casos. La medida se enmarca dentro de la recientemente promulgada Ley Provincial 9578, que amplía la posibilidad de emplear armas de baja letalidad, como bastones o gas pimienta, para reforzar la seguridad.
Carlos Aldecoa, representante en Mendoza de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, dialogó con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 sobre los alcances de esta decisión y el impacto que podría tener en el sector.
“Todas las empresas de seguridad pueden, cumpliendo con los requisitos, acceder a este tipo de herramientas para el cumplimiento de sus funciones”, explicó Aldecoa. Recordó que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), antes conocida como RENAR, habilitaba a las empresas de seguridad con usuario colectivo para el uso de armas de fuego, por lo que la incorporación de armamento no letal no debería sorprender. “Cualquier medio que se interponga entre la nada y el arma de fuego es una herramienta que puede evitar situaciones límites”, sostuvo.
En cuanto a la aplicación de la norma, el especialista destacó que la reglamentación del uso de las Taser acaba de ser publicada y aún requiere ajustes antes de su implementación definitiva. “Es importante aclarar que no es que de inmediato todos los vigiladores privados tendrán un arma de este tipo”, señaló.
Consultado sobre su opinión respecto de la normativa, afirmó estar de acuerdo con su implementación, tanto para preventores municipales como para empresas de seguridad privada. “Los preventores, aunque hoy solo Capital adhiera a este esquema, también pueden beneficiarse con una herramienta de disuasión adecuada”, mencionó. Sin embargo, subrayó la importancia de la capacitación y habilitación de quienes manipulen este tipo de dispositivos. “No cualquiera puede portar un arma de fuego, de la misma manera que no cualquiera puede manejar un camión”, ejemplificó.
Uno de los aspectos fundamentales de la reglamentación es el registro y control del armamento no letal dentro de las empresas. “Se exige que toda herramienta de este tipo esté homologada y registrada correctamente, indicando su ubicación física y su uso”, afirmó Aldecoa. Destacó que esta medida es clave para evitar la proliferación de dispositivos adquiridos de manera informal o sin garantía de seguridad. “Si alguien compra un inmovilizador electrónico en otro país y lo introduce sin homologación, puede generar un serio problema”, advirtió.
En relación con la seguridad privada en Mendoza, Aldecoa mencionó que existen alrededor de 203 empresas habilitadas, con un total de 12.000 empleados en el sector. Sin embargo, alertó sobre la presencia de una gran cantidad de empresas informales que no cumplen con los requisitos legales. “Dudo que más de 30 empresas estén en condiciones técnicas y operativas para manejar este tipo de armamento”, aseguró.
La falta de regulación y control sobre algunas empresas informales genera riesgos adicionales. “Si una empresa ya es informal en el pago de sueldos, ¿cómo nos aseguramos de que capacite adecuadamente a su personal en el uso de armas no letales?”, cuestionó el especialista. Resaltó que es clave que las empresas que adopten este tipo de tecnología cumplan con los estándares exigidos y garanticen la idoneidad de sus empleados.
Por último, subrayó la importancia del componente psicofísico en la evaluación de los vigiladores que podrían portar pistolas Taser. “La decisión de utilizar un arma, aunque sea no letal, requiere un criterio bien formado. No es un elemento que se pueda usar en cualquier situación”, concluyó.
