Se realizaba la audiencia de conciliación entre representantes de la Municipalidad de San Rafael, del Estado Nacional e integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la demanda de aguas claras, donde se llegaba a un acuerdo para mitigar el perjuicio que sufrían las tierras cultivables del departamento.
Con el objeto de analizar la situación del sector inmobiliario en San Rafael, visitaba una delegación del Colegios de Corredores Púbicos de Mendoza y se reunían con el delegado del departamento. Eran recibidos por el intendente entregándoles documentación con el objeto de promulgar una ordenanza que establezca la obligatoriedad de que un matriculado en el Colegio, esté como responsable del funcionamiento del lugar donde se desarrolle la actividad. Ponían de manifiesto la ardua tarea que se llevaba a cabo y que significaba detectar y sancionar a los ilegales o falsos inmobiliarios.
