En un hecho que marca un punto de inflexión para el desarrollo habitacional e industrial del sur mendocino, la ampliación del histórico Gasoducto de San Rafael ya se encuentra formalmente habilitada y con gas circulando por sus cañerías, lo que permitirá unas 30.000 bocas de conexión nuevas al servicio de gas natural. La obra civil e hidráulica, concluida este mes, pone fin a una parálisis de 15 años durante los cuales el departamento careció por completo de factibilidad para otorgar nuevas conexiones residenciales o comerciales.
El ingeniero Pablo Ojeda, responsable técnico de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Constructora, a cargo de los trabajos, confirmó en comunicación con Diario San Rafael y Fm Vos 94.5 la presurización total del sistema del gasoducto en sus dos tramos principales, precisó el impacto técnico y social de un proyecto que incrementará en un 80% la capacidad del servicio local y analizó los desafíos pendientes en materia de obra pública e integración regional.
Presurización completa y el inicio de los trámites domiciliarios
El tendido de cañerías ya superó las fases de prueba hidráulica y se encuentra plenamente integrado al sistema de transporte, restando únicamente calibraciones menores en las estaciones de regulación. «El caño ya está con gas en ambos tramos: el sector que viene desde el Gasoducto GasAndes hasta el arco de ingreso a la ciudad, y a su vez ya está gasificado desde el arco de ingreso de la Planta Reguladora Intermedia (PRI) hasta Plaza España, Iselín y Granaderos. Está todo con gas; se están haciendo algunos ajustes menores de carácter operacional, configuraciones de válvulas y seteo de proveedores para optimizar el sistema, pero el caño ya está completamente operativo. La gente ya puede comenzar a arrimarse por las oficinas de Ecogas para iniciar o terminar su trámite de factibilidad técnica, dependiendo del estado en que lo tengan», confirmó Pablo Ojeda a FM Vos 94.5.
«Se trata de algo histórico; cuesta creer que San Rafael haya pasado tantos años sin factibilidad de gas para nadie, salvo para excepciones humanitarias muy puntuales como una escuela. Hay un antes y un después para el departamento«, resaltó.
Un legado familiar y cuatro décadas de desinversión en el sector
La culminación del proyecto posee una fuerte carga simbólica para la ingeniería local, al tiempo que expone la prolongada inacción del Estado nacional y de las empresas distribuidoras en la ampliación de las redes troncales. «La última obra de envergadura para la infraestructura gasífera de la zona de San Rafael se había hecho en el año 1988. Yo trabajé en esa obra con mi padre; fue el primer gasoducto que hice en mi carrera y ahora vuelvo en el año 2026, ya junto a mi hijo, a habilitar nuevamente una obra de esta magnitud. Han pasado casi cuarenta años sin ningún tipo de inversión importante. En los años ochenta el desarrollo de las redes lo hacían las intendencias a través de uniones vecinales, la gente pagaba en cuotas y la empresa Gas del Estado le bonificaba al vecino metros cúbicos de consumo, lo que garantizaba el repago de la obra», recordó Ojeda.
«Hoy las distribuidoras privadas no tienen tarifas suficientes ni contemplan la ampliación de redes en su plan de inversiones; ellos solo hacen mantenimiento. Si el Estado Nacional no invierte, los privados no tienen la capacidad financiera para afrontar obras de esta magnitud«, observó.
El impacto en números: 30.000 nuevos usuarios y reconversión industrial
Las dimensiones técnicas de la ampliación permitirán prácticamente duplicar el padrón actual de conexiones en el mediano plazo, ofreciendo además una alternativa energética limpia y competitiva para la matriz productiva regional. «Esta nueva ampliación permitiría la conexión de alrededor de 30.000 nuevos usuarios residenciales. Si pensamos que San Rafael cuenta hoy con unas 38.000 conexiones activas, estamos hablando de ampliar la capacidad actual de la red en un 80%; es prácticamente duplicar el sistema. Y esto no contempla solo los consumos domiciliarios, sino también a las empresas y grandes consumidores de la región. En San Rafael hay muchos secaderos, plantas concentradoras y bodegas con calderas; todo ese entramado industrial va a poder reconvertirse perfectamente al gas natural y dejar de consumir fueloil, que les cuesta el doble», destacó el ingeniero.
«Pasarán a utilizar una energía mucho más limpia y amigable, terminando con la paradoja de que en Argentina tenemos el recurso, pero nos faltaban las cañerías para conducirlo a los centros de consumo. Asimismo, esto debería descomprimir la situación de las estaciones de servicio durante el invierno, eliminando las suspensiones en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC)«, agregó.
La polémica por el financiamiento local y el beneficio a General Alvear
La estructura de costos finales de la obra reabrió el debate sobre la coparticipación de los municipios vecinos que recibirán los beneficios del fluido, tras el freno de los giros de fondos por parte del gobierno nacional. «San Rafael logró terminar esta obra primero con un aporte importante del Tesoro Nacional a través de la Secretaría de Energía. Cuando esos fondos se agotaron porque con el nuevo gobierno nacional no hubo más partidas, el Municipio de San Rafael salió a poner un monto muy significativo de sus propios recursos, una cifra cercana a los 4.700 millones de pesos. Son fondos que la comuna se privó de destinar a asfalto, escuelas u otros servicios locales, privilegiando el gasoducto porque la traza estaba avanzada. Es de estricta justicia que General Alvear, que se va a beneficiar de manera directa con un 20% del potencial de esta obra, colabore», opinó Ojeda al respecto.
«Me parecería una muestra de hombría de bien que el intendente de Alvear se siente a la mesa y comprometa la cifra que pueda pagar, pero no corresponde mirar para otro lado y pretender que la obra la paguen exclusivamente los contribuyentes sanrafaelinos«, lanzó en otro tramo del reportaje Ojeda.
Obras abandonadas y la necesidad de un rol activo del Estado
El especialista analizó las asignaturas pendientes del sur provincial, advirtiendo sobre el grave deterioro que sufren las redes preexistentes que fueron paralizadas por criterios políticos y financieros. «En Monte Comán hay más de 30.000 metros de redes de polietileno enterrados desde la época del gobernador Francisco Pérez; solo faltó construir la planta reguladora y la conexión al gasoducto. El paso del tiempo no es gratuito: las obras abandonadas se van degradando y llega un punto en que ya no tienen vuelta atrás. Considero una negligencia grave abandonar proyectos por un esquema ideológico que plantea que la obra pública no debe hacerla el Estado», expresó.
«La obra pública netamente privada en este tipo de infraestructura no existe; el caso del Gasoducto de San Rafael lo demuestra. Cuando faltaba el 10% de la inversión, la distribuidora concesionaria se negó a aportarlo porque bajo sus criterios analizan que no les es rentable y prefieren destinar su dinero solo a mantenimiento. Ante el riesgo país y la falta de seguridad jurídica, si el Estado no busca financiamiento adecuado y soluciones mancomunadas, estas obras de desarrollo estructural no se van a terminar nunca», sentenció.
La paradoja de Malargüe: una tierra productora sin acceso al gas natural
La inauguración de la obra en San Rafael reactivó también el reclamo histórico por la situación de Malargüe, un departamento que, a pesar de ser un eslabón clave en la extracción de hidrocarburos de la provincia, sigue excluido de la red troncal de gas natural y depende de un costoso sistema de abastecimiento por camiones. «Malargüe se abastecería del mismo caño GasAndes; la red se derivaría desde Papagayo, que es donde está la planta compresora de la empresa en ese punto. Esa obra se ha licitado tres veces en la Argentina y nunca se llegó a ejecutar. Es otra injusticia profunda: una localidad que ha provisto de gas y petróleo a todo el país y hoy sus habitantes están consumiendo Gas Licuado de Petróleo (GLP). El GLP es distinto del metano o del butano y propano que se usan habitualmente en las garrafas; es gas licuado de petróleo directo, un recurso muchísimo más caro que deberíamos estar destinando a la industria petroquímica para elaborar otros productos”, consideró Ojeda.
“Actualmente, el recurso se transporta en camiones, pasa por un proceso de gasificación donde se lo mezcla con aire, y recién en ese punto se inyecta a la red local. Es un sistema sumamente costoso el que se está aplicando en Malargüe en este momento, en lugar de contar con una conexión directa a la red de gas natural, que es lo que por justicia y lógica productiva correspondería”, completó.
