“Hay marcas asociadas que no han recibido un solo permiso de importación de vehículos desde hace siete meses”, denunció la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) a través de un comunicado en el que reclaman al Gobierno “previsibilidad para desarrollar sus actividades”.
En concreto, las marcas netamente importadoras piden que se flexibilicen las SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones), que son algo así como las viejas DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación). Para evitar la salida de dólares, el Gobierno traba las entregas y, por ende, no se puede importar.
En un marco de “incertidumbre”, dicen las importadoras, se les impide asegurar el abastecimiento y dar certeza a los clientes que recibirán en tiempo y forma las unidades adquiridas, así como los repuestos para las numerosas unidades que constituyen su parque automotor.
Las empresas piden que el Gobierno blanquee “los criterios empleados para el otorgamiento de Licencias No Automáticas en el sector automotor”. Denuncian que “habiendo transcurrido el primer trimestre del año, no se ha recibido el porcentaje comprometido así como tampoco les fue posible a alguna de ellas ingresar la totalidad de las unidades que la Secretaría de Industria había consentido para el 2020″.
Por otra parte, Cidoa solicita “facilitar el despacho a plaza de las unidades que están en puerto, en especial las que ya fueron pagadas a las casas matrices y que por ende el Estado no debe erogar divisas”. Y alerta que “mantenerlas en el puerto alimenta el desabastecimiento, caldo de cultivo para sobreprecios en perjuicio del consumidor”.
Las marcas asociadas a la Cámara de Importadores son: Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Porsche y Volvo (Europa), Hyundai, Hino, Isuzu, Kia, Subaru y Suzuki (Japón/Corea del Sur), BAIC, ByD, Changan, Chery, DFSK, DFM, FAW, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Jac, JMC, Lifan y Shineray (China).
En conjunto, las veinticinco compañías dan trabajo a 8600 personas de manera directa en 176 concesionarias y 311 talleres de posventa, además de servicios de logística, legales, publicitarios, despacho, seguridad, limpieza, informática, construcción y contables.
Desde la Cámara explican que flexibilizar los permisos “no implica amenaza alguna para las inversiones y el empleo de las ensambladoras locales”, porque entre todas, en 2020, representaron apenas el 2 por ciento de los patentamientos y en su mayor auge llegaron al 5 por ciento, con un promedio anual del 3 por ciento.
No es la primera vez que Cidoa advierte al Gobierno sobre la situación del sector. En diciembre de 2019, cuando se promulgó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, aseguró que más de veinte marcas podrían irse del país. Por ahora, se quedaron todas.
Fuente: TN
