Impsa cambió su plan de reestructuración para garantizar beneficios a sus acreedores
El fantasma de la inestabilidad parece alejarse para Impsa. En un movimiento estratégico, la emblemática empresa mendocina realizó concesiones clave frente a sus acreedores que buscan destrabar el nuevo Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), con el que busca reestructurar su millonaria deuda.
La decisión, que se comunicó formalmente el 15 de septiembre, representa el último gran movimiento antes de una fecha límite que podría sellar el destino de la empresa. El éxito de este acuerdo es fundamental para que el fondo Industrial Acquisitions Fund (IAF) ejecute el plan de saneamiento financiero con el que busca reubicar a la compañía en el tablero global.
El proceso de reestructuración es una condición imprescindible para el plan de negocios del nuevo inversor. La propuesta abarca una “Deuda Elegible” que asciende a US$ 583 millones, un monto que evidencia la profunda crisis que la empresa arrastra desde hace años y que requiere de una solución definitiva para su supervivencia.
La serie de ajustes técnicos realizados por la compañía buscan tender un puente con los acreedores, reconociendo derechos adquiridos en procesos anteriores y ofreciendo garantías que resultan decisivas en el tramo final de la negociación.
La aprobación del acuerdo, aún pendiente, liberaría el capital de trabajo necesario para la reactivación de proyectos y la consolidación de un horizonte de negocios a largo plazo, sin la carga de la inestabilidad financiera.
Ajustes técnicos que buscan consenso
En el complejo mundo de las reestructuraciones corporativas, cada detalle legal marca la diferencia. Los ajustes propuestos por Impsa fueron el resultado de intensas conversaciones con los bonistas y se enfocaron en tres cláusulas de la propuesta original.
“Como resultado de las conversaciones mantenidas con sus principales acreedores, Impsa ha introducido ciertas Modificaciones Permitidas a la Oferta de APE”, notificó Fabián D’Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado, en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los cambios implementados por Impsa no solo responden a las exigencias de los acreedores. También reconocen derechos adquiridos en procesos anteriores y ofrecen garantías para la aprobación final del acuerdo.
- Fideicomiso de acciones
El primer cambio, y quizá el más simbólico, se centró en la Cláusula 3.2, vinculada al Fideicomiso de Acciones. La versión original del 18 de agosto proponía eliminar este instrumento, que otorga a los acreedores una participación mínima en el capital social.
La nueva redacción asegura que los tenedores de la nueva deuda emitida bajo el APE mantengan su carácter de beneficiarios. Aunque la participación sea minoritaria (0,69%), la medida reconoce derechos adquiridos en la reestructuración de 2017, reforzando la confianza de los bonistas.
- Declaraciones y renuncias
El segundo ajuste se centra en la renuncia de ciertos derechos legales por parte de los acreedores, como la posibilidad de revocar poderes o solicitar la quiebra. En la versión inicial, esta renuncia carecía de plazo de caducidad, generando incertidumbre.
Con la modificación, la renuncia rige hasta la fecha de liquidación del acuerdo, aportando protección legal a los acreedores y demostrando que la adhesión no es perpetua, sino limitada a un periodo definido.
- Obligaciones de No Hacer
La tercera modificación se aplicó a la Cláusula 9.1, que regula la transferibilidad de la nueva deuda. La enmienda permite que los tenedores puedan transferir libremente sus instrumentos después del cierre del APE.
Este cambio elimina restricciones sobre la negociabilidad, un aspecto clave para garantizar liquidez y flexibilidad a los inversores, y cumple con las demandas de los bonistas en las negociaciones.
Reestructuración financiera a largo plazo
Los términos financieros de la “Nueva Deuda” no se modificaron con los ajustes recientes. En tal sentido, la tasa de interés propuesta se mantiene en un modesto 1,5% nominal anual, con cálculo a partir del 30 de junio de 2025.
Aún más revelador es el calendario de amortización del capital. Los acreedores no comenzarían a recuperar su dinero hasta dentro de más de una década. La devolución del capital se realizaría en nueve cuotas anuales, iguales y consecutivas, con el primer pago programado para el 31 de diciembre de 2036 y el vencimiento final el 31 de diciembre de 2044.
Además, el acuerdo propone una capitalización de intereses en tres fases:
- Hasta el 31 de diciembre de 2027, los intereses se capitalizarían en su totalidad.
- Entre el 1 de enero de 2028 y el 31 de diciembre de 2032, se pagaría el 50% en efectivo y se capitalizaría el 50% restante.
- A partir del 1 de enero de 2033, el 100% de los intereses se pagaría en efectivo.
Estos plazos reflejan el modelo de negocio de Impsa, que se basa en la obtención y ejecución de grandes obras (turbinas para represas y equipamiento nuclear, por ejemplo) que maduran a lo largo de varios años y que, solo una vez que generen caja, podrán afrontar el servicio de la deuda.
La aprobación de este APE es crucial para el futuro de Impsa. De lograrse, permitiría a la compañía estabilizar definitivamente su frente financiero, consolidando la inversión de IAF y liberando los recursos necesarios para competir por nuevos contratos a nivel nacional e internacional.
Una década de crisis
El acuerdo que busca cerrar IMPSA solo se entiende en el contexto de su historia reciente. La empresa, fundada en 1907 por la familia Pescarmona, fue un emblema de la capacidad tecnológica argentina, con proyectos de infraestructura y energía en todo el mundo. Sin embargo, los problemas de endeudamiento a partir de 2014, provocados por atrasos en las cobranzas de obras en Venezuela y Brasil, detonaron una crisis que marcó un punto de inflexión.
La primera reestructuración, un APE en 2017, significó el primer gran cambio de control. La crisis derivó en que la mayoría de las acciones pasaran a manos de dos fideicomisos: uno para los acreedores (65% de las acciones) y otro para los accionistas originales (35%).
La crisis macroeconómica del país, sumada a la situación de la propia empresa, profundizó los problemas, llevando a un nuevo APE en 2020. Sin embargo, la homologación de este acuerdo dependía de una reestructuración de capital que le diera sostenibilidad a largo plazo.
En un proceso paralelo, e independiente del APE, se avanzó con un aumento de capital suscrito en un 63,72% por el Estado Nacional y en un 21,24% por la Provincia de Mendoza. Esta medida, aprobada en 2021, fue la garantía que le permitió a la empresa y a sus acreedores firmar y homologar el acuerdo de reestructuración, significando la estatización de facto de IMPSA.
Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada cambió el panorama. El gobierno nacional lanzó una licitación pública, que culminó con la adjudicación del 84,96% de las acciones a IAF el 11 de febrero de 2025, en lo que se publicitó como la primera privatización de la gestión libertaria.
El fondo de inversión estadounidense se comprometió a realizar aporte de 27 millones de dólares, elevando su participación al 98,94% del capital social. La aprobación del APE actual es clave para que el fondo ejecute su plan de reactivación, consolide su inversión y permita que Impsa compita por nuevos contratos nacionales e internacionales.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/impsa-cambio-su-plan-de-reestructuracion-para-garantizar-beneficios-a-sus-acreedores/