Después de más de una década de crisis, rescates estatales, reestructuraciones y cambios de control accionario, IMPSA consiguió el aval judicial que necesitaba para intentar estabilizar definitivamente su frente financiero y relanzar la compañía bajo gestión privada.
La jueza Gloria Cortez homologó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con el que la empresa reestructurará una deuda cercana a los 583 millones de dólares y avanzará en el plan de saneamiento impulsado por el fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), actual accionista controlante.
La homologación llega después de que la oferta obtuviera un fuerte respaldo de los acreedores: el 86% votó a favor de la propuesta y ese grupo representó el 98% del monto de la deuda elegible computable, según informó la compañía en octubre del año pasado.
Las claves de la resolución
La resolución dictada el 15 de mayo por la titular del Segundo Juzgado de Procesos Concursales dedica varios tramos a justificar por qué consideró viable el acuerdo, pese al enorme nivel de refinanciación aceptado por los acreedores.
“La homologación judicial no es un acto mecánico ni automático”, advirtió la magistrada al analizar el expediente. Y agregó que el tribunal debía ejercer “un control de legalidad sustancial” sobre la propuesta presentada por la compañía.
En otro de los pasajes centrales del fallo, la jueza sostuvo que el acuerdo debía evaluarse “con la idea de conservación de la empresa, mantenimiento de las fuentes de trabajo y protección del crédito”.
La resolución además afirma que “la propuesta no aparece como abusiva ni fraudulenta” y que “la continuidad de la actividad empresaria constituye un interés social relevante”.
Cortez remarcó que el tribunal verificó “la veracidad de la información aportada, la viabilidad de la propuesta y la efectiva cantidad de acreedores integrantes de la deuda elegible que aceptaron el acuerdo”.
La magistrada también concluyó que el acuerdo “no contraría los principios de equidad, ni abusividad” y destacó que durante el expediente el tribunal revisó balances, adhesiones, proyecciones económicas y documentación societaria de la compañía.
En otro pasaje relevante, el fallo menciona que IMPSA presentó “proyecciones comerciales” y emprendimientos “muy optimistas para la Provincia y con objetivos internacionales”.
En ese contexto, la magistrada destacó que los acreedores “prestaron conformidad en porcentajes ampliamente mayoritarios”, en referencia al 86% de adhesión y al respaldo del 98% sobre el monto computable de la deuda.
El tribunal además remarcó que el proceso incluyó un control sobre “la efectiva cantidad de acreedores integrantes de la deuda elegible que aceptaron el acuerdo”. Durante la tramitación hubo oposiciones de acreedores, aunque finalmente fueron desistidas en audiencia o absorbidas dentro de la propuesta homologada.
Acreedores aceptaron cobrar desde 2036
El aspecto más delicado del acuerdo es el nivel de refinanciación aceptado por los acreedores para evitar una situación terminal de la empresa. Según la propuesta homologada, el capital de la deuda comenzará a pagarse recién el 31 de diciembre de 2036 y terminará de cancelarse en nueve cuotas anuales consecutivas hasta 2044.
La tasa de interés quedó fijada en apenas 1,5% nominal anual y el esquema prevé además una fuerte capitalización de intereses durante los primeros años.
El cronograma contempla:
- Capitalización total de intereses hasta 2027.
- Pago parcial entre 2028 y 2032.
- Cancelación total recién desde 2033.
La estructura refleja la magnitud de la crisis financiera acumulada por la compañía y, al mismo tiempo, la apuesta de los acreedores a una recuperación de largo plazo basada en grandes proyectos energéticos e industriales.
La señal que IMPSA quiso darle al mercado
Tras conocerse la homologación, la empresa comunicó oficialmente la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y definió el fallo como “un paso fundamental” para recuperar “el potencial productivo y tecnológico de IMPSA”.
“Completado este paso fundamental, IMPSA avanzará con la implementación de las acciones y operaciones necesarias para llevar a cabo el canje de los títulos representativos de la deuda alcanzada por el APE por los nuevos títulos de deuda previstos en el mismo”, anunció la empresa.
En el texto firmado por el responsable de Relaciones con el Mercado, Fabián D’Aiello, la compañía afirmó que el objetivo es volver a competir “exitosamente en proyectos a nivel mundial” y “volver a posicionarse a la vanguardia del desarrollo tecnológico en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables, recuperando así el rol exportador que históricamente tuvo”.
La comunicación también incluyó un mensaje directo a los bonistas: “Agradecemos el apoyo de nuestros acreedores, que confiaron en la propuesta de IAF para esta nueva IMPSA que ya está en marcha”.
Del rescate estatal a la nueva privatización
La homologación judicial también marca el cierre formal de la etapa de rescate estatal iniciada en 2021. Después de los problemas financieros derivados de grandes contratos internacionales —especialmente en Venezuela y Brasil— IMPSA atravesó sucesivos procesos de reestructuración y perdió el control histórico de la familia Pescarmona.
En 2021, el Estado nacional y la Provincia de Mendoza capitalizaron la compañía para evitar su colapso y quedaron como accionistas mayoritarios. Pero la llegada de Javier Milei modificó nuevamente el escenario.
En febrero de 2025, el Gobierno adjudicó casi el 85% de las acciones al fondo IAF, en una operación presentada como una de las primeras privatizaciones de la gestión libertaria.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/impsa-consiguio-aval-judicial-para-reestructurar-su-deuda-de-583-millones-de-dolares/
