Impuesto a las Ganancias: una definición, muchas dudas

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a algunos magistrados judiciales a pagar el Impuesto a las Ganancias, hizo resurgir las discusiones que, desde hace años, rodean a ese tributo.
En 1973, la ley 20.628 (que creó el impuesto) establecía que los jueces y algunos otros funcionarios judiciales estaban exceptuados del pago. En 1996, la 24.631 suprimió esa excepción, por lo que debían empezar a tributar. Sin embargo, dos semanas después de publicarse la norma, la Corte Suprema dictó una acordada por la cual consideraba inaplicable esa ley, argumentando que de esa forma se afectaba la “intangibilidad” de las remuneraciones que les garantiza la Constitución. Ese criterio luego se extendió a las provincias y a los magistrados jubilados.
En diciembre de 2016, la ley 27.346 estableció la obligación del pago del tributo para los magistrados, funcionarios y empleados que fueran nombrados a partir de 2017. Ante ello, la Asociación de Magistrados presentó una cautelar que frenó su aplicación hasta el 27 de noviembre pasado, cuando la Corte en fallo unánime dejó sin efecto la cautelar y por tanto se debe cumplir lo normado. Así las cosas, en Mendoza, a partir de este mes, 58 jueces, fiscales y defensores pagarán Ganancias (9 ya lo hacían). Lo que aún no está claro es si esos funcionarios deberán abonar lo que dejaron de pagar en 2017 y 2018 por la cautelar, lo que generaría un amplio impacto en sus bolsillos.
Pero, además, otros puntos siguen sin resolverse en la discusión. Las consideraciones jurídicas del máximo tribunal nacional deberían echar luz acerca de la lógica que se sigue para que algunos magistrados paguen y otros no. Asimismo, al grueso de la población le sigue resultando llamativo –cuando no injusto- que, más allá de esta definición reciente, la mayoría de los funcionarios judiciales aún no afronten un tributo como lo hacen otros tantos trabajadores. Finalmente, si de trabajadores hablamos (así son considerados esos funcionarios en los fallos mencionados), aún sigue pendiente la promocionada eliminación del tributo para esa franja social que anunció en su campaña proselitista el ahora presidente Macri.