Impulsan la creación de un cuerpo de ambientalistas para participar en los controles de la actividad minera en la provincia

El diputado Gustavo Perret visitó los estudios de FM Vos 94.5 para hablar del proyecto que él mismo impulsa y que pretende crear un registro de ambientalistas para supervisar la actividad minera en Mendoza.
En ese sentido, el legislador comentó que la esencia de la propuesta es proteger los intereses y los recursos naturales de la provincia. Con esto Perret, apunta a lograr una “minería responsable”. Esto se da tras los cambios en el Código Minero que aprobó tiempo atrás la Legislatura.
«El proyecto ya fue presentado en la Legislatura. El mismo cuenta con el número de expediente correspondiente, esperando que sea tratado por comisiones para que avance y sea ley. Esta idea hace varios años que me daba vueltas por la cabeza. Cuando se modificó la ley 7722 se pusieron de manifiesto los grupos absolutamente promineros y lo que estaban totalmente radicalmente opuestos a la actividad. En el medio, creo que se encontraba el grueso de la gente que acepta o ve con buenos ojos la actividad minera, pero con controles específicos. La mayoría no cree en los controles por parte del Estado. A partir de ese momento pensé que sería bueno involucrar a la sociedad civil en este tipo de ejercicio», comenzó explicando Gustavo Perret.
«Así, nació el proyecto que busca crear un registro de ambientalistas para supervisar la actividad minera en Mendoza. El objetivo es que puedan verificar que estas prácticas cumplan con las leyes y regulaciones vigentes. Pensamos que la minería debe ser una fuente económica sustentable», agregó.
Luego, dio su visión sobre el impulso que le está dando el gobierno provincial a la actividad. «Me parece que su desarrollo es una buena oportunidad para la provincia, pero siempre dentro del marco legal y evitando cualquier tipo de riesgo. Justamente, este proyecto de ley es para que la sociedad civil se involucre. Si hay una afectación en el ambiente se va a perjudicar a las generaciones venideras. Es muy probable que todos los profesionales que se inscriban en este registro ambientalistas tengan hijos. Con ello quiero decir que más allá de los controles se debe asumir un compromiso con el futuro», destacó Perret.
«Nos parece viable que la sociedad civil y el Estado hagan algo en conjunto para poder lograr la mayor cantidad de beneficios económicos sin generar ningún tipo de perjuicio ambiental», añadió.
Por otra parte, se refirió al proyecto del Ejecutivo del nuevo Código de aguas en relación a las reformulaciones del uso del recurso hídrico en las distintas actividades que se pueden realizar en Mendoza. «No tenemos el documento completo. No nos han presentado el borrador del anteproyecto, solamente nos han comentado algunas ideas. Lo que ellos argumentan que es la Ley de Aguas actual es muy vieja. A mí me parece que la misma ha sido útil, entiendo que sacarle alguna injerencia a Irrigación y traspasarla al Ejecutivo merece un análisis bastante extenso», señaló.
«En cuanto al uso del recurso hídrico, quienes están absolutamente en contra de la minería aducen que utilizan una cantidad excesiva del agua. Los que están a favor aseguran que no se usa tanto. La realidad es que existe una utilización del agua, pero hay una reutilización de la misma. El proyecto plantea la actividad en una zona totalmente lejana a lo urbano y de toda superficie en donde se puede sembrar. El agua que se usaría para ese fin no se está utilizando en nada», sostuvo el diputado.
Finalmente, se mostró expectante en cuanto a que prospere en la Legislatura el proyecto que busca crear un cuerpo de ambientalistas. «En la Legislatura hemos presentado muchos proyectos. Hay que esperar que este despierte el interés y sea tratado en comisiones. Luego de que se cumpla este paso, puede ser elevado a la cámara para su tratamiento. Esperemos que se tome con agrado, lo que se busca es vincular a la sociedad civil con el Estado para que se reciban los beneficios económicos con los controles correspondientes. Las dos cosas son sumamente importantes. El eje central de la iniciativa es implementar auditorías externas e independientes de los procesos de inspección para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Se aspira a que los resultados de las inspecciones sean accesibles al público para aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el proceso», concluyó.