En la provincia se está impulsando un proyecto, para conocer las remuneraciones de los distintos funcionarios que se desempeñan en los diferentes organismos del estado provincial. A los efectos de profundizar el tema, desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael nos comunicamos con la diputada provincial Mercedes Llano. “Es un proyecto de ley que buscar modificar la normalidad de la información pública asentado en el principio de transparencia activa que se debe impulsar desde el Estado dando a conocer sus actos; esto es un principio republicano básico de gobierno. Siguiendo la experiencia de otros países que han dado pasos sólidos en este sentido, es que proponemos publicar la nómina de empleados que se desempeñan en cada uno de los organismos de la administración central y en los distintos poderes del Estado y sus respectivos salarios. El objetivo concreto es el de construir una herramienta de control social a los efectos de que la ciudadanía pueda fiscalizar las acciones de gobierno. Nosotros entendemos que la visibilización de los salarios es un punto central para instalar en agenda, tal como lo están haciendo los docentes, o el personal de salud. Pretendemos que se instale ya no solo en la agenda, principalmente de gobierno, el debate sobre una política salarial sana asentada en los principios de mérito, responsabilidad y exigencia. En la actualidad todo esto está bastante distorsionado. En esta presentación, y otras anteriores que hemos realizado, hemos cotejado en base a datos publicados por el Tribunal de Cuentas, una gran asimetría salarial. Nosotros calculamos casos por organismo mensualizado y vemos que el organismo que se posiciona a la cabeza es el Tribunal de Cuentas y otros órganos de contralor como Fiscalía de Estado y el Poder Judicial. Ellos tienen un escalafón específico que en la práctica hasta hace poco tiempo estaba atado en los salarios del Poder Judicial nacional; el que más gasto promedio registra, asciende a una suma de doscientos veintiséis mil pesos en promedio y en el otro extremo se ubica la Inspección General de Seguridad con un gasto medio de setenta y nueve mil pesos. El promedio de los salarios de todos esos organismo que están cubiertos por la ley de responsabilidad fiscal, asciende a ciento dieciocho mil pesos, y por debajo están por supuesto la DGE y diferentes hospitales. Esto es una clara demostración de la asimetría salarial que existe hoy en la provincia, que implica que quienes se encuentran dentro del promedio salarial más alto, triplican las sumas de los promedios salariales más bajos. Esto nos habla también de una ausencia de políticas de modernización del Estado y específicamente de políticas dedicadas a profesionalizar al sector público, estableciendo estructural salariales sanas que evolucionen en función de las mayores responsabilidades laborales, que se asiente en la eficiencia y racionalización del uso del gasto, pero que a la vez ofrezca salarios que sean competitivos en relación al mercado y que no estén tampoco por encima de lo que se paga en el sector privado porque esto genera una suerte de ilegitimidad”, cerró la entrevista Llano.
