El Juzgado Federal N°1 de Mendoza imputó y comenzó a tomar indagatorias a 17 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar. A la causa se sumaron además los hechos padecidos por otras dos pequeñas durante la dictadura, en el marco de un operativo que ya fue examinado y calificado como crimen de lesa humanidad en un juicio previo celebrado en la provincia, informó la página fiscales.gob.ar.
La investigación fue impulsada por el titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal federal Dante Vega, junto a los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. El expediente reconstruye un patrón sistemático de violencias dirigidas específicamente contra niños y adolescentes, en el contexto de operativos represivos desplegados contra sus padres o madres.
Entre los imputados figuran numerosos ex integrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), entre ellos Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar Zurita, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Omar Pedro Venturino Amaker, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri. También fueron acusados Hugo Luis Zalazar Campos, del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército Argentino, y Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, pertenecientes a la IV Brigada Aérea.
Gran parte de los imputados fueron ya juzgados y, en algunos casos, condenados en otros procesos de lesa humanidad, vinculados a los secuestros, asesinatos o desapariciones de los padres de las actuales víctimas.
Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que quedaron fuera de esta acusación otras siete personas originalmente señaladas, debido a fallecimientos, incapacidades sobrevinientes o absoluciones dictadas en procesos anteriores por los mismos hechos.
En su requerimiento, la fiscalía clasificó los crímenes en cinco grandes categorías. La primera refiere a niños y niñas que permanecieron detenidos a disposición del aparato represivo luego de los secuestros de sus progenitores, incluyendo casos de institucionalización forzada o traslados a centros clandestinos de detención, con exposición a tormentos físicos y psicológicos. En esa línea se documentaron situaciones extremas, como bebés entregados a familiares en condiciones de abandono o utilizados como “cebo” para la captura de adultos perseguidos.
Otra categoría reúne los delitos cometidos durante los operativos represivos, en los que niños y niñas fueron sometidos a encierros, aislamientos, amenazas o violencia directa mientras presenciaban los secuestros de sus padres.
La fiscalía sostuvo que la violencia desplegada en esos procedimientos -armas, gritos, golpes y amenazas- configuró tormentos por el impacto psicológico severo causado en víctimas de muy corta edad. También se relevaron casos de abandono de persona, cuando bebés o niños pequeños quedaron solos y sin protección tras los secuestros.
El escrito fiscal detalló además hechos de violencia diferenciada contra niños y adolescentes, utilizados como instrumentos de coacción contra sus familias o agredidos de manera directa, así como delitos vinculados a la identidad, que incluyen la sustracción, retención u ocultamiento de menores y la alteración de su estado civil.
Estos casos, se indicó, tuvieron como objetivo quebrar lazos familiares y suprimir o alterar la identidad de las víctimas. En ese marco, se destacó el rol central del D-2 como principal centro clandestino de detención de Mendoza, así como la participación del Destacamento de Inteligencia N°144 y de la IV Brigada Aérea en tareas represivas e inteligencia.
En función del Código Penal vigente al momento de los hechos, el Ministerio Público solicitó la imputación por privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona y coacción, además de las figuras vinculadas a la sustitución de identidad: sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
Para la fiscalía, los hechos atribuidos a los acusados constituyen crímenes de lesa humanidad y forman parte de un plan sistemático de persecución que también tuvo como víctimas directas a las infancias.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/imputaron-a-17-ex-militares-y-policias-por-crimenes-de-lesa-humanidad-contra-60-ninos-y-ninas/
