La jueza civil María Paz Gallardo condenó a ex funcionarios de la Secretaría de Cultura y a empresarios relacionados con el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) a pagar una suma millonaria por los daños y perjuicios ocasionados en el incendio que sufrió el centro cultural el 18 de enero de 2017.
El fallo dio lugar a la demanda realizada por el Fiscal de Estado, Fernando Simón, y determinó que los denunciados deberán pagarle 26 millones y medio de pesos al Gobierno provincial, en el término de diez días.
Los demandados contra los que cayó la condena son:
- La empresa DELA S.A., cuyos trabajadores ejecutaron las obras de limpieza e impermeabilización de la terraza del ECA el día del incendio.
- Alejandro Gustavo Balegno y Ana Laura Torrisi, presidente y vice respectivamente de DELA S.A.
- Diego Gareca, en ese entonces secretario de Cultura, «responsable personalmente del menoscabo patrimonial» y por «haber omitido ejercer un control sobre las tareas realizadas, lo que debió haber hecho ya sea personalmente o mediante la designación de personal técnico».
- María Laura Tinte, coordinadora del ECA y miembro de la Comisión de Preadjudicación, por el accionar negligente al analizar las ofertas que se realizaron en el proceso licitatorio, ya que la empresa no cumplía con los requisitos del pliego.
- Judit María De Liberato, directora de Administración de la Secretaria de Cultura, quien debía controlar el tramite y cumplimiento de la licitación, como también a sus subordinados.
- Margarita Videla, jefa del Área de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Cultura, por elegir al proveedor sólo en base al «precio conveniente», obviando factores como calidad e idoneidad del oferente.
Se pudo y debió evitarse
En su conclusión, la jueza Gallardo señaló que «el daño sufrido por el patrimonio de la Provincia se debió a una multiplicidad de acciones y omisiones negligentes tanto de la empresa contratista, sus directores y operarios como de los funcionarios intervinientes que incurrieron en un irregular cumplimiento de las obligaciones legales que les están impuestas a cada uno según sus cargos».
Ante esto, la magistrada citó al ingeniero que realizó el informe pericial, Héctor Coria, quien sostuvo que «todo lo ocurrido se pudo evitar y debió haberse evitado».
«Efectivamente, las condiciones de riesgos fueron creadas por la concurrencia de falencias de procedimientos técnicos y administrativos, con el aporte de acciones y omisiones en todas y cada una de las etapas de la obra de impermeabilización de la cúpula del ECA, desde el proyecto a la construcción”, indicó Gallardo.
Fuente: El Sol
