Informe revela falta de transparencia y contrataciones cuestionables en algunas legislaturas provinciales

Una reciente investigación de Poder Ciudadano y Ruido, una red de periodismo de investigación, reveló que casi el 90% de las legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal y manejo de fondos. El estudio, que abarcó las 24 jurisdicciones del país, se basó en pedidos de acceso a la información, búsquedas en boletines oficiales, declaraciones periodísticas y un exhaustivo análisis de datos recolectados durante más de cuatro meses.
De los 24 pedidos de acceso a la información presentados en simultáneo en todo el país, solo tres provincias respondieron de manera completa: Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Hubo seis respuestas parciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Las 15 restantes no respondieron a la solicitud, que incluía datos sobre la cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia y gastos reservados, entre otros 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca el uso de los recursos en estas áreas. En total, 21 de las 24 legislaturas (87,5%) no respondieron o brindaron respuestas parciales.
«Este informe surgió el año pasado cuando estalló el caso de presunta corrupción en la provincia de Buenos Aires conocido como Chocolate Rigau, en el que la Justicia investiga el cobro y la retención de los sueldos de al menos 49 personas registradas como empleadas en la Cámara de Diputados provincial. Este tipo de práctica es mucho más común de lo que se cree. Lamentablemente, en las provincias está bastante naturalizada esta situación. En total, 21 de las 24 legislaturas no respondieron o brindaron respuestas parciales. Mendoza se encuentra dentro de este último caso», manifestó ante los micrófonos de FM Vos 94.5 Edgardo Litvinoff, periodista y director editorial de Ruido.
«En la mitad de las legislaturas no hay registros de asistencia del personal, lo que dificulta el control y seguimiento de las actividades legislativas. Además, se encontraron casos de diputados que cobran doble salario y otros que reciben hasta 130 pasajes aéreos por mes, lo cual genera dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos. Es increíble que este tipo de irregularidades o falta de transparencia estén tan naturalizadas», expresó.
Luego, señaló cuáles son las provincias que presentan casos como el de “Chocolate Rigau”. «Entre Ríos es pionera en causas de corrupción en el Poder Legislativo. También, hay denuncias de esa índole en Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santa Fe», especificó.
A su vez, se refirió en particular a la situación de la Legislatura de Mendoza. «Esa provincia respondió de forma parcial. Eso no nos permitió completar los 33 ítems del cuestionario. Nos remitieron a los sitios del Tribunal de Cuenta, aunque allí no figuran ni los nombres ni las escalas salariales de los empleados de las dos cámaras. Los datos más concretos datan de junio del 2023 cuando lo publicó el sitio MDZ, este año no contestaron. La situación de Mendoza es similar a las de otras provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero, con la presencia de parientes y exfuncionarios provinciales como empleados. Son pocos los datos públicos en Mendoza», observó Litvinoff.
«En octubre del 2023 en Mendoza vimos que en el Senado de esa provincia había 540 empleados y 442 en Diputados. En esa misma época, un exsenador denunció que los sueldos llegaban a los $800.000 cuando un obrero de viña estaba cobrando diez veces menos», alertó el periodista.
Finalmente, hizo hincapié en que este tipo de situaciones se replican en la mayoría de las provincias. «La falta de transparencia es algo que se ha naturalizado. En las provincias de San Luis y Chaco hubo nombramientos masivos antes de que finalizaran los gobiernos. Ahora, esas jurisdicciones han dado marcha atrás con esas decisiones o intentan darle mayor transparencia a la nueva gestión. Son pequeñas iniciativas para la información sea de dominio público. Hay provincias como Tucumán en las que la Corte Suprema avala ese secretismo, puesto que los considera datos sensibles. Los gastos y los sueldos que pagan son con la plata de los impuestos que paga la gente», concluyó.