El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con casi siete décadas de trayectoria, atraviesa una profunda crisis institucional frente a las políticas de ajuste y readecuación propuestas por el gobierno nacional. Cecilia Picca, directora de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Rama Caída del INTA, expresó la preocupación de la institución por las modificaciones estructurales que, a su juicio, ponen en peligro la esencia del organismo y su vínculo con el sector agropecuario.
En ese sentido, Picca detalló que la propuesta de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) implica tres ejes principales de cambio que generarían un impacto negativo. «El primero es la modificación en la conformación del Consejo Directivo, la máxima autoridad del INTA a nivel nacional. La reducción de sus miembros podría generar un desequilibrio que permitiría a un grupo político de turno imponer cambios a largo plazo, afectando el desarrollo de una política de Estado agropecuaria que ha subsistido por casi 70 años, trascendiendo diferentes gobiernos y contextos políticos. Necesitamos que la sociedad sepa todo esto», enfatizó Picca, invitando a la ciudadanía a informarse y levantar la voz.
El segundo eje de la propuesta del gobierno, y quizás el más sensible, es la reducción del 25% del personal. «El INTA ya ha venido achicando su planta desde 2018, con una reducción anual del 16% por no cubrir vacantes de jubilados», aclaró la directora en San Rafael.
Respecto a la acusación de «militancia rentada», muletilla repetida del oficialismo para no mostrar datos certeros ni hacer denuncias si es que hubiese “ñoquis”, la respuesta de la directora fue contundente. «Los contratos que generaron esas incorporaciones ya hace más de dos años que no existen en el INTA. Además, los 6.100 agentes de planta actuales ingresaron por concurso con juntas de evaluación que incluyen al sector público y privado, garantizando la meritocracia», dijo Picca en FM Vos 94.5.
Según la entrevistada, la principal preocupación radica en que la reducción del 25% se plantea de forma masiva y transversal, sin evaluar el desempeño individual del personal, a pesar de que la institución cuenta con herramientas para hacerlo a través de evaluaciones anuales. «Si se quisiera defender la meritocracia y la productividad están las herramientas dadas para eso», remarcó Picca, señalando que todos los procesos están digitalizados y a disposición de la Nación.
El tercer eje, sumamente importante para Picca, es la eliminación del sistema de extensión. «Tradicionalmente, la actividad del INTA se basa en dos pilares: la investigación en las estaciones experimentales y la extensión en las agencias. La extensión es el vínculo directo con el productor, que permite escuchar las demandas del sector y generar proyectos de investigación que brinden soluciones. Si se elimina ese sistema de extensión como está propuesto en el decreto de necesidad y urgencia, vamos a acortar el nexo directo entre la investigación, entre los científicos y el campo», advirtió la directora, lo que resultaría en un mayor aislamiento del instituto y una menor eficiencia en el uso de los recursos.
Estrategia
de visibilización
y la invitación
a la comunidad
Frente a esta situación, el INTA ha decidido no adoptar un plan de lucha tradicional con medidas de fuerza, sino apostar por una estrategia de comunicación y visibilización. «Lo que hemos propuesto como estrategia de acción es comunicar, contar cuál es el proyecto de modificación para que todo el mundo pueda conocer qué es lo que está pasando», expresó Picca.
La segunda estrategia es visibilizar los resultados de las actividades que se realizan. Por ello, la directora invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales del INTA (Facebook e Instagram de INTA Rama Caída y de todos los INTA del país), donde se publican constantemente los logros y el trabajo realizado.
