Investigan al 7% de los policías de Mendoza por denuncias: violencia de género e institucional, entre las principales causas

En 2024, el 7% de los efectivos policiales y penitenciarios de Mendoza fueron investigados por diversas denuncias. Esto representa a 618 agentes de un total de 9.349, incluidos dos comisarios generales, el rango más alto de la fuerza. Las causas abarcan desde violencia de género e institucional hasta casos de corrupción y pérdida de armamento, según detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad de Mendoza (IGS).

Puertas explicó que las investigaciones abarcan tanto a policías como a agentes penitenciarios, aunque en menor medida (70% policías y 30% penitenciarios). Las principales causas de las denuncias están relacionadas con el ejercicio de sus funciones y problemas personales, como violencia intrafamiliar y de género.
“En el último año, las denuncias por violencia de género han disminuido un 4%, situándose en un 20% del total de casos”, detalló Puertas. La violencia institucional representa el 18%, mientras que el 60% restante incluye otros hechos como cohecho (corrupción), pérdida de armas o accidentes con móviles policiales.
El funcionario explicó que “el cohecho activo ocurre cuando se solicita una coima, y el cohecho pasivo, cuando se recibe”. Además, aclaró: “Todo acto de corrupción es cuando no se cumple con la ley”.
Respecto al desenlace de los sumarios, Puertas indicó que entre el 8% y el 10% de los casos terminan en exoneración o cesantía, es decir, en la exclusión definitiva de la fuerza. Sin embargo, la mayoría de las sanciones corresponden a suspensiones de días sin goce de sueldo.
La diferencia entre exoneración y cesantía radica en la existencia de una condena penal firme. “La exoneración se aplica cuando hay condena penal firme por un hecho doloso, impidiendo al exagente trabajar en la administración pública por 10 años. La cesantía, en cambio, permite la reincorporación tras 5 años en otros ámbitos del Estado”, explicó el director de IGS.
Puertas también comentó que los efectivos sancionados pueden trabajar en el sector privado, como en seguridad privada, “siempre y cuando no tengan condena penal firme”, ya que en ese caso contarían con antecedentes que les impedirían acceder a este tipo de empleos.
La preocupación por la violencia y su contexto social
El director de IGS enfatizó su preocupación por los casos de violencia, tanto de género como institucional, señalando que es un reflejo de un problema social más amplio. “El efectivo policial y penitenciario no es ajeno a nuestra sociedad, vive inmerso en ella. La violencia es un problema social que se manifiesta en los efectivos de seguridad, y para nosotros es una de las problemáticas más importantes a atacar”, afirmó Puertas.
Remarcó, además, que la preocupación es mayor debido a que se trata de agentes armados, lo que aumenta el riesgo y la responsabilidad en el manejo de situaciones violentas.
Entre los casos más notorios se encuentra el de un comisario en Malargüe que fue denunciado por intentar ingresar a un establecimiento en estado de ebriedad. Al respecto, Puertas informó: “Ese efectivo está actualmente en situación de parte enfermo y ejerciendo su derecho de defensa en el sumario administrativo. Se espera que para mediados de año haya una resolución”.
Impacto en los haberes de los sancionados
En cuanto a las sanciones económicas, los días de suspensión no son remunerados. En cambio, quienes están en situación de pasiva o pase a disponibilidad perciben un porcentaje del sueldo: aproximadamente el 50% y 70%, respectivamente. Estas medidas suelen aplicarse de manera preventiva en casos específicos.
Puertas subrayó la importancia de la transparencia y rigurosidad en los procesos de investigación, destacando que “la Inspección General de Seguridad continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de la ley y el correcto desempeño de las funciones de los efectivos policiales y penitenciarios”.