El presidente de Protectora Fuerza Política presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en San Rafael por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.
El proceso impulsado por el Municipio de San Rafael para avanzar hacia la autonomía municipal y la redacción de una carta orgánica propia sumó en las últimas horas un fuerte cuestionamiento judicial. El presidente de Protectora Fuerza Política, José Luis Ramón, confirmó que presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con el objetivo de que se suspenda la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, al considerar que el procedimiento “no cumple con los requisitos constitucionales básicos” y que responde a intereses partidarios del Partido Justicialista y del Partido Radical.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Ramón explicó que, si bien su espacio político acompaña en términos generales los procesos de autonomía municipal en la provincia, en el caso de San Rafael según él se han cometido irregularidades que, a su entender, invalidan el llamado a elecciones. “Desde nuestra fuerza política estamos totalmente de acuerdo en que se desarrollen los procesos de la autonomía y de los procesos autónomos de los 18 departamentos de Mendoza”, señaló, aunque aclaró que “en San Rafael nos provoca una cosa rara hacer este planteo, porque nosotros no estamos plenamente de acuerdo en que exista el departamento autónomo de San Rafael en la provincia de Mendoza”.
Según explicó, la presentación judicial busca frenar un proceso que considera viciado desde su origen. “El intendente municipal no ha hecho bien las cosas, incluso con la vista gorda del gobernador de la provincia, a quienes les conviene a los intereses partidarios tanto del Partido Justicialista como del Partido Radical”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la convocatoria tal como fue planteada “es una herramienta del Partido Justicialista y del Partido Radical para apoderarse de la manera en que van a redactar la carta orgánica del departamento autónomo de San Rafael”.
Ramón detalló que la acción de inconstitucionalidad se apoya en tres objeciones centrales. La primera tiene que ver con la falta de una mayoría especial en el Concejo Deliberante. “El incumplimiento del artículo 220 de la Constitución de la provincia de Mendoza es grave”, remarcó, y explicó que esa norma exige el voto favorable de dos tercios de los concejales para declarar la necesidad de convocar a una Convención Constituyente. “No está publicado, no hay ninguna norma que diga que se cumplió con eso”, agregó.
El segundo punto cuestionado es la ausencia de una consulta popular previa. “Tiene que haber un plebiscito, y eso fue omitido por el intendente con la vista gorda del gobernador”, sostuvo Ramón, al señalar que el artículo 221 de la Constitución provincial establece que debe convocarse a todos los ciudadanos para que se expresen por sí o por no sobre la redacción de una carta orgánica municipal. “Acá nadie se tiene que sentir que forma parte del radicalismo o del justicialismo para resolver esta elección”, insistió.
El tercer aspecto, que definió como el más grave, está vinculado al encuadre constitucional del proceso. “No se puede hacer el proceso de autonomía municipal si no está dentro del marco de la provincia”, explicó, y recordó que la Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal, pero siempre dentro de las reglas fijadas por cada provincia. “No puede el Departamento de San Rafael decidir por fuera de ese marco, porque eso sería un acto de sedición”, afirmó.
Para el dirigente de Protectora, la simultaneidad de la elección de convencionales constituyentes con la elección de concejales no es casual. “Confundir la elección de algo totalmente ciudadano y constitucional con la interna de los dos partidos políticos es hacerle trampa al ciudadano común”, afirmó. “Son dos temas distintos y no dependen de radicales y peronistas, dependen de cada ciudadano y de las fuerzas vivas del departamento”, añadió.
Ramón también se refirió al sentido profundo que debería tener una verdadera autonomía municipal y sostuvo que no se trata solo de una declaración formal. “La carta orgánica de un municipio autónomo tiene un principio tremendo”, dijo, y puso como ejemplo la posibilidad de transferir competencias reales a los municipios. “Si hablamos de seguridad, ¿por qué no se trasladan las competencias de la Policía de Mendoza al municipio con la asignación de fondos correspondientes?”, planteó, al tiempo que cuestionó las transferencias de responsabilidades sin recursos.
En la misma línea, mencionó otras áreas sensibles de la vida cotidiana. “Los semáforos, las habilitaciones comerciales, el funcionamiento de los bomberos, todo eso hoy se decide desde el gobierno central cuando en realidad se conoce mejor la realidad desde el municipio”, enumeró. Para Ramón, una autonomía real implicaría cambios concretos que impacten en la vida diaria de los vecinos y no solo un nuevo texto legal.
Respecto de los plazos judiciales, confirmó que la Suprema Corte deberá expedirse en breve. “Lo tiene que hacer en los primeros días de febrero y darle vista por tres días al municipio de San Rafael para que responda”, explicó, y añadió que luego “la Fiscalía de Estado tiene que resolver la medida cautelar, obviamente antes del 22 de febrero”.
