José Valerio visitó Fm Vos: “Una República sana necesita ciudadanos que se sientan libres para debatir, discrepar y construir consensos” 

En el marco del Congreso por los 30 años de la reforma constitucional de 1994, celebrado en San Rafael, el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, compartió su perspectiva sobre aquel proceso histórico, su impacto y los retos que enfrenta la justicia en la actualidad. En una conversación amplia y reflexiva tras visitar los estudios de FM Vos 94.5, destacó la importancia del consenso político, las críticas al Consejo de la Magistratura, el sistema adversarial y el papel de los ciudadanos en la construcción de una República sana. 

Valerio recordó cómo vivió personalmente la reforma de 1994 desde distintos frentes. “Yo ya estaba en el Poder Judicial, llevaba seis años como Fiscal y había dejado la actividad política, pues fui diputado entre 1983 y 1986. En aquel momento lo viví desde lo académico, en la cátedra de Derecho Constitucional junto a Felipe Seisdedos, quien no era partidario de la reforma. Yo tampoco era un defensor absoluto, pero sí me parecía interesante encontrar una solución racional a un problema argentino, dejando atrás las confrontaciones históricas que terminaban en guerras civiles o divisiones irreconciliables”. 

Para Valerio, uno de los aspectos más valiosos de la reforma fue el consenso alcanzado entre diferentes sectores políticos. “Fue muy importante el acuerdo básico al que llegaron los equipos de Alfonsín y Menem, junto a los partidos políticos, y la posterior aceptación de la sociedad. Aunque critico algunas instituciones que nacieron de esa reforma, reconozco que fue un método interesante y aplicable en otros contextos. Por ejemplo, en alguna oportunidad propuse este sistema de acuerdos claros para reformar la constitución de la provincia de Mendoza, dejando en claro qué se va a reformar y qué no”. 

El magistrado resaltó los logros del proceso, pero también señaló las suspicacias que surgieron en su momento. “Siempre estuvo la sospecha de que la reforma fue para habilitar la reelección de Menem o que los tres senadores por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría, se diseñaron como contrapartidas políticas. Sin embargo, más allá de las críticas, esos acuerdos fueron un avance en términos de institucionalidad”. 

En relación con las innovaciones judiciales que trajo la reforma, como el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, Valerio ofreció un análisis profundo. “El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, órganos bicéfalos, son fundamentales para pasar de un sistema inquisitivo, donde el juez es el centro de la escena, a un modelo adversarial. Este último pone el foco en las partes que presentan sus controversias, y el juez resuelve de manera imparcial. Esto requiere fiscales y defensores independientes, que investiguen y actúen directamente, sin delegar en grandes equipos burocráticos”. 

Sobre el Consejo de la Magistratura, fue más crítico. “Este organismo nació como una solución importada de Europa, pero trajimos no solo la solución, sino también el problema. En Europa, el Consejo surgió para superar la fragmentación provocada por el nazismo, el fascismo y otros conflictos. Aquí lo adoptamos sin tener esa misma necesidad, pero terminó politizándose. Hoy vemos influencias políticas en los colegios de abogados, las asociaciones magistrales y las universidades, lo que complica su funcionamiento”. 

Valerio subrayó que la politización de la justicia es un problema que se agrava con la judicialización de la política. “Cuando los temas políticos no se resuelven por las vías institucionales normales, terminan judicializándose. Esto genera que quienes gobiernan busquen influir en las decisiones judiciales, politizando aún más la justicia. La clave está en reducir la discrecionalidad en la selección de jueces y fiscales, enfocándose en evaluaciones técnicas serias, que busquen candidatos no solo capacitados, sino comprometidos con las necesidades actuales”. 

El juez también abordó la reciente polémica sobre los fallos relacionados con la prisión perpetua, señalando que muchas veces los titulares de los diarios nacionales no reflejan correctamente las decisiones judiciales. “En el caso de la Corte Suprema, no se declaró inconstitucionalidad, sino que se resolvió que la discusión sobre ciertos artículos del Código Penal debe plantearse en condiciones específicas. En la provincia adoptamos una postura similar: la posibilidad de que una persona con perpetua acceda a algún beneficio debe existir si demuestra resocialización. Negar esa posibilidad va en contra de los principios de la convención de Roma y del objetivo de resocialización que persiguen las penas”. 

Por último, Valerio reflexionó sobre la importancia de este tipo de congresos como el que se desarrolló en San Rafael y el rol de los ciudadanos en una República. “Necesitamos ciudadanos que se sientan libres para debatir, discrepar y construir consensos. La justicia también debe modernizarse. Mientras usamos celulares para gestionar bancos o compras, en los tribunales seguimos trabajando con papeles o sistemas digitalizados a medias. No podemos abrumarnos con los problemas, debemos empezar a resolverlos, como decía Karl Popper: no importa tanto por dónde se empieza, sino empezar”.