El reciente anuncio de un incremento en las jubilaciones para el mes de junio, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lejos de traer alivio, profundiza la preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores. El Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), brindó un panorama desolador sobre la situación actual y la complejidad de la reforma previsional largamente esperada.
«El aumento del 2,78 % sobre el haber mínimo de jubilados y pensionados, que alcanza a unos 5 millones de beneficiarios, se traduce en un incremento de apenas unos 8.000 a 10.000 pesos más. El problema radica en que el bono no remunerativo de 70.000 pesos, que complementa sus ingresos, no se actualiza desde marzo del año pasado. Esto implica que, sobre el total de lo que reciben (que no llega a los 400.000 pesos), en realidad solo se reajusta el 1,8%, licuando su poder adquisitivo a pesar de la inflación», explicó Semino ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
La situación es aún más crítica para las personas con discapacidad y las Pensiones Universales por Adulto Mayor (PUAM). Las pensiones no contributivas, que suman 500.000 beneficiarios, apenas alcanzan los 330.000 pesos, mientras que las PUAM rondan los 350.000 pesos (siempre sumando haber más bono). «Este sector está cada vez más distante de poder cubrir mínimamente su canasta de necesidades básicas. Solo los 2 millones de jubilados y pensionados restantes, al no recibir bono, logran un reajuste más acorde a la inflación, aunque sin revertir la pérdida acumulada», observó.
Reforma previsional: un laberinto de variables y una urgencia humanitaria
Sobre la tan anunciada reforma previsional, el Dr. Semino calificó de pomposo el nombre, ya que las medidas que se discuten son pequeños reajustes y soluciones tardías a problemas como la caída de la moratoria. En ese sentido, lamentó la falta de previsión de los legisladores, que, a pesar de tener dos años para modificar la norma, no lo hicieron, perjudicando a quienes no tienen los 30 años de aportes. «En el caso de las mujeres, la caída de la moratoria elevó, de facto, la edad jubilatoria a los 65 años, ya que la mayoría no llega con los aportes necesarios a los 60», aseguró.
«La realidad es que el sistema previsional está totalmente quebrado. Una reforma integral debería analizar y reestructurar unas 115 variables en paralelo. Esto incluye desde la discusión del financiamiento hasta la edad jubilatoria, las perspectivas demográficas y los cambios en los modelos productivos. Tenemos un sistema parado en el fordismo, en la mano de obra intensiva cuando ya el mundo está en la era de la inteligencia artificial. Se debe hacer un trabajo muy técnico, lo que requiere de tiempo y disciplina», consideró.
Asimismo, el Defensor de la Tercera Edad recalcó que, en paralelo a esa reforma estructural, hay una realidad donde los jubilados se están muriendo de hambre. «La última canasta del jubilado, publicada hace 90 días, superaba los 1.200.000 pesos, mientras que los haberes no llegan a los 400.000. Muchos jubilados están perdiendo la vida», alertó Semino.
«El Estado debe asumir su responsabilidad, muchos adultos mayores no pueden cubrir las necesidades básicas de medicamentos y alimentos. Si no hay plata en seguridad social, el Estado debe asumir el rol desde la acción social. Los jubilados están pagando con su vida los ajustes de la economía», enfatizó.
Finalmente, el entrevistado rechazó la idea de soluciones simplistas, como aumentar la edad jubilatoria a los 70 años sin un análisis profundo. «Una medida de ese tipo, así, sin generar nuevos empleos, arrojaría al mercado negro a los jóvenes, ya que Argentina no está creando nuevos puestos de trabajo formales. No se puede arreglar un mecanismo de relojería a martillazos, tal como se pretende hacer en el país», concluyó.
