Jubilados recibirán un ajuste del 3,73% en mayo, pero ese porcentaje no se aplica al bono de $70.000

El Gobierno Nacional oficializó este sábado un nuevo incremento en los haberes de jubilados y pensionados de la ANSES, que será del 3,73% en mayo de 2025. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, en concordancia con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Para analizar el impacto de este ajuste en el contexto actual de las jubilaciones, FM Vos 94.5 dialogó con Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, quien expresó una visión crítica sobre la medida y sus alcances.
Semino explicó que este aumento sigue la línea de ajustes previos basados en el IPC, pero remarcó la continuidad del bono para los jubilados de la mínima (aproximadamente 5 millones de personas), las pensiones no contributivas por discapacidad (500.000) y la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). «Estamos hablando de unos 6 millones de personas, que reciben no solo este ajuste del 3,7%, sino un bono al que venimos cuestionado desde su inicio, allá por el mes de julio del 2022. Se trata de un pago discrecional, que nada tiene que ver con la previsión social, sino con la voluntad del gobierno de turno», sentenció de entrada Eugenio Semino.
La principal crítica de Semino radica en el hecho de que este bono, actualmente en $70.000, permanece congelado desde hace 14 meses. «Al recibir solo el 3,7% sobre el haber, lo que ocurre es que el haber jubilatorio mínimo se sigue licuando», advirtió.
Para ilustrar esta situación, Semino realizó un cálculo aproximado: «Sobre este sector el haber va a estar en el orden de unos 320.000 pesos. Con el bono el beneficiario alcanza unos 390.000 pesos en su totalidad. Por lo tanto, en realidad el ajuste sobre ese total no fue del 3,7%, sino que apenas fue prácticamente 3,1%», observó.
Esta diferencia, según el entrevistado, provoca que los 6 millones de beneficiarios que reciben el bono sigan perdiendo poder adquisitivo respecto al IPC, a diferencia de los 2 millones de jubilados con ingresos directos al sistema, quienes sí perciben el 3,7% sobre el total de su haber. «Cada vez se distancia más el jubilado de la cobertura de la canasta básica. Nadie puede vivir con esas sumas. Y menos un jubilado que tiene que cubrir necesidades a veces de salud, de vivienda y demás,», enfatizó.
Consultado sobre la posibilidad de una mejora en el monto del bono, Semino se mostró escéptico, aunque reconoció la urgencia de la situación: «Acá lo que hay que recomponer son los haberes jubilatorios. Los jubilados están en una situación crítica, han perdido calidad de vida. Muchos de ellos se ven imposibilitados de completar tratamientos médicos. Pierden la vida misma», alertó.
Por otra parte, el Defensor de la Tercera Edad señaló que esta problemática es transversal a las distintas administraciones y que la falta de atención directa a las necesidades de los jubilados es preocupante. «No entiendo como los legisladores que leen tantos proyectos de ley, o funcionarios que analizan los expedientes, no se percatan del padecimiento de esas personas. Sin ir más lejos, nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día», estimó manifestando su preocupación.
En este contexto, planteó la necesidad de abordar la cuestión previsional desde dos dimensiones paralelas. Por un lado, consideró fundamental avanzar hacia la construcción de un verdadero sistema previsional en lugar del actual. «Hay que hablar del financiamiento del sistema que tenemos, más del 50% de trabajo no registrado», explicó, subrayando que esta tarea requiere un abordaje técnico y no meramente político.
Por otro lado, Semino insistió en la urgencia de brindar una ayuda social directa a los jubilados con haberes más bajos. «Me parece que otra línea de trabajo paralela tiene que ver directamente con la ayuda social, como proveer la cobertura de las necesidades mínimas indispensables, Esa plata no tiene que salir de seguridad social, sino del presupuesto nacional», propuso.
Finalmente, Semino lamentó que esta problemática no esté siendo abordada con la urgencia que amerita en la agenda política. «Estamos pidiendo por favor que nos escuchen, porque las consecuencias realmente son terribles. Este sistema se está llevando la vida de la gente. Esperemos que los actores políticos puedan resolver el problema», concluyó con un llamado desesperado a la acción.