Jubilados y el freno de la Corte Suprema a un fallo clave sobre la movilidad de sus haberes

La reciente sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, que declara inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020, ha generado un intenso debate judicial y social en el país. La ley, instaurada en el contexto de la pandemia bajo el gobierno de Alberto Fernández, ha sido el centro de numerosos reclamos, con el argumento de que los haberes jubilatorios no lograron cubrir el impacto de la inflación. Sin embargo, el futuro de este fallo se encuentra en una zona de incertidumbre debido a la intervención del organismo responsable, la ANSES, que apeló el fallo y llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia, lo cual podría alargar la espera hasta el 2025.
El abogado previsional Adrián Tróccoli, experto en el tema y uno de los impulsores de los casos que llegaron a la Cámara Federal de Mendoza, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que el fallo de Mendoza es fundamental para la seguridad social de los jubilados, pues se basa en la necesidad de garantizar haberes que sigan el ritmo de la inflación. “Lo que dice la Cámara Federal de Mendoza es que los juzgados perdieron contra la inflación”, subrayó Tróccoli. “No hay mucha vuelta después; cada palabra del fallo está sólidamente argumentada”, agregó el abogado, quien enfatiza la contundencia de la sentencia. No obstante, esta no es la primera vez que el sistema jubilatorio enfrenta una situación de esta magnitud. Tróccoli recordó el fallo “Badaro” de la Corte Suprema de hace casi dos décadas, que estableció un precedente similar en su momento y logró un impacto duradero en el sistema previsional.
“Antes del fallo Badaro, nosotros escribíamos ríos de tinta sobre este tema, y luego, con dos carillas, los jueces ya sabían que se debía aplicar el criterio de Badaro porque era justo”, comenta Tróccoli, evocando la época en la que la justicia social parecía encontrar respuestas claras y directas. Sin embargo, señala que el fallo de Mendoza es, en cierta forma, un “primer paso” hacia un cambio estructural, pero enfrenta obstáculos. “La ANSES apeló algunos fallos, y otros quedaron firmes”, explicó, lo cual genera un tratamiento desigual para los jubilados, quienes se ven atrapados en un sistema de justicia que puede resultar lento y desigual. “Imaginemos que a uno le pagan en seis u ocho meses y a otro no; el otro quedará esperando en la Corte Suprema”, observó.
La intervención de la Corte Suprema no solo podría demorar la aplicación del fallo de Mendoza, sino también llevar el caso hasta las vísperas de 2026. Tróccoli consideró que es un tiempo excesivo para los jubilados, quienes suelen necesitar sus haberes de manera urgente. Según el abogado, “si el fallo queda en Cámara, un juicio nuevo podría resolverse en 14 meses, pero si va a la Corte, el plazo es incierto. La Corte, cuando lo estima necesario, interviene rápidamente, pero este año es poco probable que saquen un fallo”. Tróccoli también consideró que el próximo año electoral podría influir en la velocidad de resolución: “En un año electoral, la Corte no suele emitir fallos que afecten el presupuesto del Estado porque podría tener un impacto en el curso de las elecciones”. Por lo tanto, la espera podría extenderse hasta finales de 2025 o más.
La problemática de la movilidad jubilatoria no es nueva en Argentina. Según Tróccoli, “esto no empieza con la ley de Fernández; Macri genera una ley en 2017 que ya trajo problemas contra la inflación en 2018”. Sin embargo, cada gobierno ha intentado introducir cambios a través de decretos y leyes que han sido motivo de análisis judicial. El fallo de 2020, emitido por la Cámara Federal de Bahía Blanca, fue uno de los primeros en abordar esta problemática y cuestionar los aumentos por decreto en un contexto inflacionario.
Este proceso judicial de larga duración afecta la vida cotidiana de muchos jubilados, quienes dependen de ingresos justos y adaptados a la realidad económica del país. Tróccoli destacó que la magnitud de las diferencias en los haberes es considerable: “Solo por temas de movilidad, este fallo implica un 80% de incremento en el haber jubilatorio”. Esta situación representa un problema de equidad en el sistema previsional, ya que algunos jubilados pueden recibir un ajuste sustancial en sus haberes mientras otros se ven obligados a esperar. “Es un fallo sólido, pero para el titular que queda afuera es muy malo”, enfatizó Tróccoli.
A medida que avanzan los reclamos y los jueces emiten sus fallos, la ANSES ha presentado una serie de recursos extraordinarios que podrían dilatar la decisión final de la Corte Suprema. Para Tróccoli, lo ideal sería que todos los fallos quedaran resueltos en la Cámara Federal, evitando así la intervención de la Corte y, con ella, los extensos plazos de resolución. Sin embargo, este tipo de resoluciones en segunda instancia no es común hasta que haya jurisprudencia establecida: “Si la Cámara llega a sostener que no es necesaria la intervención de la Corte, podría ser que todos los fallos queden en Cámara”, lo que representaría un cambio favorable para los jubilados.
A nivel judicial, el fallo de Mendoza se ha vuelto un tema de amplio debate entre los tribunales. Al respecto, Tróccoli comentó que “muchos juzgados están felices de que haya un fallo sólido que llegue a la Corte”. Este fallo, aunque es “uno de los primeros favorables de Cámara”, también ha tenido sus contrapartes en otras provincias, como Salta, donde una sentencia reciente tomó una posición diferente y resolvió de forma parcial los problemas planteados por los jubilados.