Dentro de un contexto de lucha e incertidumbre respecto a los sueldos del año próximo, los empleados judiciales se encuentran a la expectativa de lo que será el 2025 respecto a sus sueldos. En ese marco, Ricardo Babillón, secretario general del gremio de judiciales, detalló la situación que atraviesan y el impacto en el sistema de justicia.
“En octubre, cuando firmamos el último acuerdo paritario, dejamos sentado que exigíamos la reapertura de paritarias en diciembre para tratar el primer trimestre del año que viene”, explicó Babillón a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. Sin embargo, según relató, no obtuvieron respuesta formal a sus reclamos. “Hemos solicitado mediante nota al gobierno, a la Corte y a la Subsecretaría de Trabajo, la reapertura urgente de paritarias. La única respuesta fue un comunicado de prensa en el que el gobierno anunció que las paritarias serán en febrero, con acuerdos retroactivos a enero”.
Para los trabajadores judiciales, esta decisión es insuficiente. “No podemos esperar a que el gobierno decida sentarse en febrero. La paritaria es un ámbito donde las partes acuerdan, no donde una parte impone. Por eso, comenzamos un proceso de lucha exigiendo a la Suprema Corte que le reclame al gobierno que se siente a negociar”, enfatizó Babillón.
Según Babillón, “hoy día están en la misma situación UPCN, AMProS y ATE. Es muy crítica la situación salarial en Mendoza, y nos obligan a llevar adelante procesos de lucha”.
“Nosotros necesitamos, por lo menos, duplicar la asignación clase. Entiendo que esto puede sonar como una locura, pero no lo es. La estructura salarial está destruida y los básicos son muy bajos. Hoy, un ingresante al Poder Judicial está cobrando menos de 600 mil pesos, muy por debajo de la línea de pobreza y apenas el 50% de lo que representa la canasta básica”, sostuvo Babillón.
Sobre las medidas de fuerza, Babillón señaló: “Estamos en estado de asamblea y movilización permanente. Este jueves hicimos una sentada en el cuarto piso de la Suprema Corte y el día anterior en el Ministerio Público Fiscal. Seguramente continuaremos con acciones similares, incluso durante enero, pese a las guardias mínimas en el Poder Judicial. La idea es llegar a febrero con un plan de lucha fortalecido y no sentarnos a discutir en paritarias si la propuesta no es seria”.
El impacto del conflicto trasciende lo salarial. Babillón advirtió que “la crisis también afecta el acceso a la justicia para los ciudadanos”. En ese sentido, denunció el cierre de oficinas fiscales y la concentración del servicio de justicia, que “se aleja de las zonas más vulnerables”. Además, afirmó: “Entendemos que nuestro rol como gremio es defender los derechos de los trabajadores, pero también tenemos la obligación de defender un Poder Judicial a la altura de las necesidades de la sociedad. Esto no se logra con un presupuesto ajustado que desatiende la justicia”.
Adelantó que el conflicto podría intensificarse si no se alcanzan soluciones satisfactorias. “En febrero realizaremos asambleas en toda la provincia para decidir si el Poder Judicial abre o si se mantiene con guardias mínimas. Queremos que la gente entienda que nuestra lucha también busca garantizar un servicio de justicia digno para todos”, concluyó.
