El juez federal de San Rafael, General Alvear y Malargüe, Eduardo Puigdéngolas, le abrió las puertas de su despacho a Diario San Rafael y FM Vos (94.5), donde ofreció una entrevista en la que expuso el panorama del organismo que conduce frente a la pandemia del Covid-19, la respuesta ante los planteos de excarcelación en medio de la polémica por las liberaciones y su punto de vista sobre las sanciones que conlleva el incumplimiento de la cuarentena obligatoria.
“Desde que empezó el aislamiento obligatorio debimos adaptarnos a las disposiciones establecidas a nivel nacional. De ese modo, consolidamos el trabajo en domicilios, a partir de que se decretó una feria judicial extraordinaria. Eso no significa que los magistrados estemos de vacaciones, por el contrario, trabajamos de manera diferenciada. El único límite que hemos tenido en este tiempo es la presencia de personas en el tribunal”, expresó el juez.
El magistrado destacó que “en el Juzgado de San Rafael implementamos el sistema de expediente digital, la firma electrónica, trámites de causas de forma remota, entre las que existen elevaciones de apelaciones, tratamiento de hábeas corpus, excarcelaciones o pedidos de arrestos domiciliarios”.
“Ha funcionado muy bien la digitalización de los expedientes. Nos instalaron un sistema para poder trabajar en los domicilios y por el que han ingresado demandas y distintos amparos. El sistema funciona muy bien, el personal logró reinventarse y se adaptó muy bien a esta nueva época”.
Pedidos de excarcelaciones
En función de un tema que ha sido extremadamente controvertido en las últimas semanas y tiene que ver con la liberación de presos ante el latente riesgo de que el Covid-19 se introduzca en las cárceles, Puigdéngolas indicó que –ante diversos pedidos– “se han puesto límites en relación a la situación particular de cada caso”. En ese contexto, el magistrado informó que se recepcionaron 40 pedidos de beneficios excarcelatorios en el ámbito tribunalicio federal, de los cuales se hizo lugar a cuatro: tres hombres y una mujer, que se encontraban bajo arresto en la cárcel federal de Cacheuta.
En relación a los hábeas corpus, Puigdéngolas confirmó que “han sido rechazados en su totalidad”.
La cuarentena: su acatamiento e incumplimiento
El magistrado federal también opinó sobre la cuarentena obligatoria establecida desde el 20 de marzo y las sanciones a quienes han incumplido esa disposición presidencial.
“El cumplimiento de la cuarentena es una cuestión de conciencia de cada persona. Si todos nos cuidamos, el resultado será mejor para todos”, consideró Puigdéngolas.
En referencia al castigo para quienes incumplen con la obligatoriedad del aislamiento, el juez sostuvo que “no creo que se deba exponer a las personas a constantes imputaciones y detenciones. Lamentablemente nos encontramos con esa situación, siempre dentro del marco de la ley. También hemos ordenado secuestros e inhibiciones, ya que las sanciones también pueden ser pecuniarias”. El magistrado dio el ejemplo de quienes se les secuestró el vehículo pero lo tienen en su poder. En eventuales condenas, podrá disponerse del bien para solventar los gastos que se generaron en sus causas, como horas hombre, combustible de patrulleros o distintos recursos materiales administrativos.
En el Sur, entre las causas iniciadas por la Policía de Mendoza y las distintas fuerzas de seguridad federales, son alrededor de 600.
Por último, Puigdéngolas resaltó que “ha sido muy importante el trabajo de todas las fuerzas de seguridad. He notado en Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina un alto compromiso de sus efectivos, a través de una actitud aleccionadora, de docencia y respeto a la población”.
“Sigamos cuidándonos”, fue el mensaje final del magistrado, quien amablemente hizo una pausa en su intensa agenda para recibir al diario de los sanrafaelinos.
