La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil en un caso particular y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
El fallo no suspende la vigencia de la norma, a diferencia de una resolución dictada en la provincia de Buenos Aires. La jueza sostuvo que bajar la edad de responsabilidad penal resulta regresivo frente a los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años fue abordado por cinco jóvenes que intentaron robarle. La víctima logró escapar y pidió ayuda a un policía, que intervino y permitió detener a los presuntos involucrados.
La defensa del adolescente planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil. De Marinis consideró que someter a proceso penal a menores de 16 años representa un retroceso respecto del régimen anterior y recordó que organismos de Naciones Unidas recomendaron a la Argentina mantener esa edad mínima.
La situación del adolescente
La magistrada también tuvo en cuenta las condiciones sociales y familiares del adolescente. Un informe socioambiental señaló que vive con su madre, que padece epilepsia, y un hermano de 19 años que dejó recientemente su trabajo para asistirla.
La familia no cuenta con conexión a la red de gas natural y depende de garrafas y de la entrega ocasional de alimentos. Además, el adolescente había interrumpido sus estudios luego de una mudanza, aunque manifestó su intención de retomarlos y practicar boxeo.
De Marinis consideró que la tentativa de robo fue «burda y torpe», ya que no llegó a concretarse el desapoderamiento ni hubo lesiones físicas. Por esas circunstancias, entendió que aplicar una sanción penal resultaba desproporcionado y ordenó intervenir al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño.
La resolución también generó críticas políticas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó públicamente a la magistrada y anunció que pediría su juicio político. Patricia Bullrich también criticó el fallo y sostuvo que favorece la impunidad.
Mientras tanto, fuentes de la Justicia porteña consultadas por Infobae señalaron que existe una «casi segura revocación» de la resolución, debido a la línea jurisprudencial que mantiene la Cámara del fuero.
