La situación judicial de Julieta Silva, imputada por lesiones leves agravadas en el contexto de violencia de género contra su esposo, el empresario Lucas Giménez, ingresa en una fase de definiciones. En los tribunales locales, la opción de un juicio abreviado se perfila como una de las estrategias de la defensa para resolver la causa de manera expedita, aunque el alto perfil del caso añade un significativo componente de complejidad.
Silva fue imputada en julio pasado, luego de que Giménez llamara al 911 denunciando haber sido agredido y debiera encerrarse para protegerse de los golpes. Actualmente, la mujer cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica debido a que es madre de una niña pequeña.
El delito de lesiones leves agravadas, por el cual fue imputada inicialmente, contempla una pena que, en teoría, es compatible con un acuerdo de abreviado entre la Fiscalía y la defensa. De hecho, se habla de una pena inferior al año de prisión. Este mecanismo judicial permitiría a Silva aceptar la responsabilidad penal a cambio de una condena consensuada, evitando así un juicio oral prolongado. Dada la condena anterior por el homicidio culposo de Genaro Fortunato, la defensa buscaría una pena que garantice que Silva pueda permanecer en el régimen de prisión domiciliaria, sin volver a una cárcel común.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. La causa se da en un marco de violencia doméstica y ha sido mediáticamente explosiva desde el inicio, obligando a la Fiscalía a extremar el rigor para evitar la percepción de impunidad. Además, la estrategia del abogado defensor, el mediático Roberto Castillo, ha sido la de invertir la acusación, sosteniendo que Lucas Giménez era quien ejercía violencia y extorsión sobre Silva, una postura que podría tensionar el acuerdo.
La Justicia de San Rafael se encuentra ahora ante el desafío de equilibrar la celeridad que ofrece la figura del juicio abreviado con la necesidad de dar una respuesta contundente en un caso de violencia de género que tiene un fuerte impacto en la opinión pública. La decisión final sobre si se acepta o no un acuerdo será crucial para definir el futuro penal de Julieta Silva.
Si bien no hay fecha para la audiencia, se espera que Castillo venga a comienzos de la semana que viene y allí se defina.
