Juicios por jurado: los antecedentes en el Sur de una herramienta que quieren ampliar a más delitos

Desde su creación por ley en Mendoza, se han desarrollado 29 juicios por jurado en nuestra provincia. Se trata de una herramienta por la que ciudadanos comunes se encargan de determinar la culpabilidad o no de una o más personas acusadas de cometer un delito grave.
Actualmente la legislación mendocina que regula los juicios por jurado establece que serán juzgados por esa vía quienes cometan delitos contemplados en artículo 80 del Código Penal, entre ellos homicidio agravado por el vínculo, femicidios, criminis causa, alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria, entre otros.
El objetivo del Gobierno – según anticipó esta semana el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez – es ampliar la cantidad de delitos que son juzgados por jurado popular. Entre ellos aparece el abuso sexual seguido de muerte, homicidio en ocasión o con motivo de un robo y el homicidio agravado por uso de arma de fuego.
El proyecto será tratado en la Legislatura y, de ser aprobado, los acusados de los delitos mencionados en el párrafo anterior, también serán juzgados por jurados populares.

En el Sur hubo cuatro juicios por jurado
En San Rafael el primer juicio por jurado fue contra Damián Ortega, acusado de asesinar a su ex pareja, Florencia Peralta. Fue hallado culpable por los ciudadanos seleccionados para tal proceso y luego condenado a prisión perpetua.
El segundo juicio – por la cantidad de personas involucradas – se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones. En esa oportunidad en el banquillo de los acusados estuvieron Cristian Pajón, Ricardo Peñalbe, Fernando Olivares y Carlos Ávila, quienes a la postre fueron hallados culpables del doble homicidio de Miguel Ángel Scalia y Liliana Balmaceda en el barrio Nihuil de nuestra ciudad. A los cuatro se los condenó a prisión perpetua.
La tercera oportunidad en que se recurrió a un jurado popular en la Zona Sur fue para juzgar a Ramón Omar Castro Porcel, que llegó al proceso de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género” en perjuicio de su ex pareja, Roxana Ferreyra. Fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua.
El cuarto proceso judicial dirimido por jurado popular tuvo como acusado al policía Víctor Hugo Acuña, acusado del femicidio de su pareja, Lorena Segura, también miembro de la fuerza de seguridad. A diferencia de los otros tres juicios, en este caso el jurado se expidió por la culpabilidad en diferentes términos a los planteados por la Fiscalía y la defensa técnica del acusado, al considerarlo culpable del homicidio agravado de su pareja pero atenuado “por circunstancias extraordinarias”. En ese sentido, Acuña recibió una condena de 15 años de prisión.