Juicios por jurados: una polémica inesperada

Una controversia se ha desatado en nuestra provincia en el marco del recientemente implementado sistema de juicios por jurados populares. El jueves pasado, el juez Eduardo Martearena dio a conocer la sentencia para los hermanos Abel y Rafael Yáñez y para Mariano Gutiérrez, los tres acusados considerados culpables por un jurado popular en el juicio celebrado en el que eran juzgados por matar y prender fuego a Juan Leonardo Lucero (27), en un hecho ocurrido en julio de 2017 en Godoy Cruz.
El sistema de juicio por jurados en nuestra provincia determina que sea solo utilizado para homicidios agravados (los delitos más graves dentro del ordenamiento penal) y la mayoría de los actores implicados consideraban que Martearena debía imponer la pena de prisión perpetua a los acusados, ya que esa es la única posible ante la acusación que enfrentaban (homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía).
Sin embargo, el magistrado se opuso a establecer esa pena, la que consideró inconstitucional por ser «un castigo inhumano que viola las convenciones internacionales de derechos humanos». En ese sentido, condenó a los imputados a 25 años de prisión.
La resolución de Martearena provocó duros cruces entre el juez y varios funcionarios del Gobierno provincial. Incluso, el gobernador Cornejo consideró el fallo «una verdadera burla» y hasta anticipó la posibilidad de iniciarle un Jury de Enjuiciamiento por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Además, el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, presentará un recurso de casación contra la sentencia y todo terminará en la Corte de la Provincia.
Lo cierto es que la polémica recién comienza y en su resolución final jugarán variables tan trascendentes como el rol del sistema de Justicia, el control difuso de constitucionalidad que deben ejercer los jueces por ley y la independencia de los poderes estatales. Ni más ni menos.